La semana que termina fue muy importante para el país especialmente para el gobierno, para los colombianos. El gobierno logró un triunfo en materia legislativa aprobando la reforma tributaria en el Senado y entra a conciliación en la Cámara de Representantes muy posiblemente martes o miércoles de la próxima semana. Se aprobó y se sancionó la ley modificatoria de la Ley 418 o Ley de Orden Público de 1997 que, hoy con las modificaciones y los aportes y con las iniciativas del gobierno y de los congresistas le estamos llamado la ley de la “Paz Total” y convivencia pacífica en nuestro país.
Hay que recordar que la ley 418 le ha servido a todos los gobiernos para promover convivencia pacífica, le ha servido como autorizaciones del legislativo al ejecutivo para entrar en diálogos y tomar medidas para procurar acuerdos de paz, en eso se basó desde el año 97 para adelantar diálogos, como por ejemplo, el que se hizo con la extinta guerrilla de la FARC en el año 2016 y 2017. Entonces hoy, el gobierno nacional a través de esas autorizaciones tiene el instrumento legal para entrar en diálogos especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, diálogo político de negociación y también el instrumento que se ha denominado de sometimiento a la justicia o de acogimiento según el caso, para las demás organizaciones como las disidencias, incluso bandas criminales como el Clan de Golfo. Entonces el gobierno nacional está envestido de autorizaciones para adelantar diálogos, pero también acercamientos con grupos armados ilegales en el marco del sometimiento o acogida a la justicia.
Mucho escozor causó la posibilidad que en esas facultades el gobierno adelante diálogos de sometimiento a la justicia con disidencias de las FARC especialmente con la “Segunda Marquetalia” comandada por Iván Márquez ex negociador de paz de las FARC en La Habana. Hubo mucho rechazo de varios sectores, incluso del ex negociador Humberto De La Calle Lombana hoy Senador de la República quien se opuso en un discurso de manera vehemente y también la oposición como siempre muy reacia a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, también de opinadores y columnistas a nivel nacional.
No es fácil entender que estos diálogos además del Ejército de Liberación Nacional con otros sectores armados se lleven a cabo, pero el país requiere definitivamente la desmovilización, el desarme de todos los actores armados ilegales para entrar verdaderamente a la Paz Total o a la convivencia pacífica en Colombia, especialmente en los territorios, porque una cosa es la violencia y el conflicto en el centro del país y las grandes ciudades, pero otra cosa es en el territorio, sobre todo que el gobierno del expresidente Duque con su posición y actitud reacia a la Paz y el proceso de La Habana, abandonó los territorios, destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS, Programas de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, causó intranquilidad en los desmovilizados y desarmados y por eso hoy someto al análisis una hipótesis de que el Estado colombiano en el gobierno del Presidente Duque cometió una amenaza al proceso de paz y con ello pudo haber incurrido en una actitud de perfidia, que el Derecho Internacional Humanitario lo censura y por supuesto lo considera en los conflictos internos de los países y los acuerdos que en medio de los conflictos haya en los distintos países suscribientes de los tratados y esta hipótesis la reafirmó en lo siguiente.
Que el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para modificar la JEP denominado “Objeciones a la JEP” que tuvo apoyo por supuesto del Centro Democrático y también de los Conservadores y de la bancada de la U que habían respaldado a Juan Manuel Santos en el proceso de paz, como ganó Duque, estos dos partidos como siempre, dieron el giro de apoyar la paz, a objetar la JEP columna central del proceso de paz.
Entonces el gobierno nacional del entonces presidente Duque, causó nerviosismo en las filas de los concentrados, de los desmovilizados, y muchos de ellos emigraron, conozco los casos del sur de Colombia, de Miravalle en el Caquetá, de La Variante en la Costa Pacífica en Tumaco, La Paloma de Policarpa en Nariño, la del Putumayo, en fin. Entonces el gobierno con ese proyecto de ley rompió la estabilidad jurídica y la garantía que les había ofrecido el gobierno del presidente Santos, ahí se configura la perfidia del gobierno, pero además de las objeciones a la JEP, el gobierno del presidente Duque, como lo dije anteriormente destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS de sustitución de los cultivos ilícitos, abandonó el cuidado y la seguridad de los desmovilizados concentrados en los ETCR, también abandonó los proyectos productivos para promover oportunidades a los desmovilizados, ese conjunto de actitudes, de rechazo al proceso de paz, de incumplirle a los desmovilizados configura una perfidia y por lo tanto muchos ex guerrilleros abandonaron los ETCR y por supuesto el proceso de sometimiento entre esos Jesús Santrich que fue víctima de un entrampamiento del cual se ha hablado mucho ya, igualmente Iván Márquez abandonó los instrumentos del proceso de paz y retomó las armas.
No lo justificamos de ninguna manera, pero está columna sirve para recordar, para hacer y refrescar memoria de los colombianos que aquí sí bien falló Iván Márquez o Santrich y algunos desmovilizados que desertaron de los ETCR, también el gobierno colombiano en cabeza del presidente Duque le falló a la Paz y por supuesto motivó la deserción y el crecimiento enorme en los cuatro años de Duque de las disidencias a todo nivel en el territorio nacional
