Desde hace varias semanas he recibido con profunda preocupación los reiterados reclamos de varios ediles de Medellín que hoy se sienten abandonados por la actual administración municipal. ¿La razón? La Alcaldía no ha gestionado ni entregado, como corresponde, el bono mensual de transporte que históricamente ha sido un apoyo fundamental para el ejercicio de sus funciones.

Este bono no es un regalo. Es un reconocimiento básico a la labor comunitaria, territorial y cívica de los ediles, quienes recorren veredas, barrios y comunas para acercar el Estado a las necesidades reales de la gente. Su trabajo no tiene horarios ni garantías, pero sí un profundo compromiso con la ciudadanía.

Negarles este recurso es, en la práctica, ponerles trabas a su labor, dificultar la representación y
cercenar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Y es importante que la ciudadanía entienda qué hacen los ediles. Muchos los ven solo como figuras menores de la política, cuando en realidad son fundamentales en la construcción de ciudad desde lo más local. Los 146 ediles son elegidos popularmente para conformar las Juntas Administradoras Locales (JAL) en cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Ellos no legislan, pero sí planean, proponen, vigilan y representan.

Son quienes conocen de primera mano los problemas de su comunidad, quienes reciben las quejas sobre el mal estado de una vía, la falta de iluminación, el abandono de un parque, o la necesidad de un programa social. Son ellos quienes dialogan con la comunidad y canalizan esas demandas a la Alcaldía, quienes evalúan y proponen ajustes a los Planes de Desarrollo Locales de las comunas, quienes promueven la participación de las comunidades en las priorizaciones del presupuesto participativo, quienes ejercen control político sobre los recursos públicos invertidos en sus territorios.

En pocas palabras: sin ediles no hay democracia barrial. No hay interlocución real entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Por eso su debilitamiento —a través del recorte o el incumplimiento en apoyos básicos como el bono de transporte— es también un debilitamiento de la participación ciudadana.

Medellín fue pionera en dignificar este rol. En la administración anterior, bajo el liderazgo del exalcalde Daniel Quintero, se dio un paso histórico: nuestra ciudad se convirtió en la primera capital del país en reconocer honorarios mensuales a los ediles, gracias al Acuerdo 053 de 2021. Además, se fortalecieron sus capacidades con procesos de formación política, entrega de herramientas tecnológicas como un computador por edil, espacios de participación activa, entre otros.

Cuando la Alcaldía anterior encontró dificultades para el pago del bono de combustible no fue por falta de voluntad política, fue por el ahogo de las cuentas de la ciudad que hicieron quienes hoy ostentan el poder al imposibilitar a la administración la recuperación de los recursos de UNE disminuyendo así el monto de transferencia de EPM a la administración. Hoy, con la mayoría de las fuerzas políticas cumpliendo cada capricho de Fico no hay justificación válida para negar el apoyo a los ediles.

La Alcaldía actual no solo ha descuidado el pago del bono, sino que tampoco ha explicado con claridad por qué se suspendió ni cuándo se restablecerá. Esta omisión es inaceptable y atenta contra el funcionamiento mismo de la democracia local. Quienes están en el poder no pueden hablar de participación ciudadana mientras castigan, por acción u omisión, a quienes la hacen posible todos los días.}

Hago un llamado público al alcalde de Medellín para que rectifique con urgencia. Que entienda que respetar a los ediles no es un favor político, sino una obligación legal y ética. Y a los ediles, mi respaldo y admiración. No están solos. Desde el Congreso seguiremos denunciando estos atropellos y trabajando por restituir lo que en justicia les corresponde.

Porque cuando se debilita la voz de los ediles, se debilita la voz del pueblo.

Alejandro Toro