Esta semana que pasó, en un Tribunal del sur de La Florida, Estados Unidos, inició el juicio contra la multinacional Chiquita Brands Internacional por las víctimas que causó su financiación al paramilitarismo en Colombia entre 1997 y 2004. La justicia norteamericana en 2007 ya había condenado a la multinacional por la entrega de 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares.

En el juicio de 2007, la multinacional llegó a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana para pagar 25 millones de dólares, en 5 cuotas. Según el juez federal Royce Lamberte, quien llevó el caso, más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati – Ohio. La multinacional, históricamente defendida por los gobiernos norteamericanos, aceptó a regañadientes la multa              que se quedó en Estados Unidos, pues las víctimas en Colombia no vieron un solo peso.

En tribunales colombianos el jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que las AUC recibían de las multinacionales del guineo 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, ganancias que eran distribuidas entre paramilitares, cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir y mandos militares. Además de esta declaración, otro hecho comprobado fue una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño, líder paramilitar, y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en Colombia en ese momento.

Pero ¿de dónde viene La Chiquita Brands? Fundada originalmente en 1871 como United Fruit Company (la misma empleadora en la masacre de las Bananeras de 1928), cambió su nombre en la década del setenta a United Brands y, posteriormente en 1990, adquirió su actual nombre Chiquita Brands Internacional. Su presencia en Latinoamérica ha estado impregnada por la violencia y el autoritarismo. Durante el siglo XX inventó la categoría de “repúblicas bananeras” e impuso sus intereses en la política interna de al menos 10 países de la región, donde tenía sus filiales. Por ejemplo, en 1954 apoyó el golpe militar en Guatemala contra el presidente electo democráticamente, Jacobo Árbenz. En Cuba, puso dos buques de su “gran flota blanca” para el intento de invasión de Cuba en el desembarco de la bahía de Cochinos en 1962. En Honduras, hacia 1975, sobornó al presidente, Oswaldo López Arellano, para frenar una subida de impuestos a la compañía.

Ya lo decía Pablo Neruda refiriéndose a la UFC que, cuando Dios creó el mundo y lo repartió entre las grandes multinacionales estadounidenses, “la Compañía Frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América”. En efecto, en el cultivo de guineo, la empresa no dudó en amenazar, maltratar y matar. Y si un gobierno latinoamericano se rebelaba ante esto, se cambiaba al gobierno.

En el nuevo juicio que se adelanta contra la compañía, los demandantes -entre los que se encuentran campesinos y ganaderos de Urabá y el Magdalena- argumentan que, al haber financiado grupos paramilitares, la Chiquita Brands “patrocinó” homicidios, masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, entre otros. La esperanza es que el jurado de la Florida tome la decisión en la que, además de una condena contundente contra la empresa, sean indemnizadas las familias de las víctimas asesinadas por los paramilitares en Colombia.

Maylor Caicedo