La codicia o la avaricia individual, como uno de los siete pecados capitales, dejó de ser un vicio para convertirse en un proyecto político estratégico con vocación de poder. No actúa de manera sincera ni se presenta como ideología clara, pero guía decisiones, obstaculiza transformaciones y define el rumbo de sociedades enteras. Allí donde gobierna la codicia, la política pierde su sentido ético y deja de ser un instrumento para garantizar derechos, convirtiéndose en una herramienta para proteger privilegios, concentrar riqueza y administrar la exclusión.

La acumulación extrema de la riqueza no es una falla del sistema, es uno de sus objetivos centrales. Un reducido grupo económico acumula capital, tierras, rentas y poder, mientras amplias mayorías ven deteriorarse sus condiciones de vida. Esta desigualdad requiere decisiones políticas concretas y marcos legales favorables. En este engranaje, el Congreso y buena parte de la dirigencia política cumplen un papel determinante. Congresistas y líderes que deberían representar el interés general terminan actuando como intermediarios exclusivos del gran capital, bloqueando reformas, dilatando debates y vaciando de contenido los cambios que buscan justicia social.

El sabotaje a las reformas sociales no es casual ni producto de diferencias ideológicas. Es una estrategia deliberada. Reformar implica redistribuir poder, y eso resulta inaceptable para quienes han construido su hegemonía sobre la desigualdad. Desde el Congreso se archivan proyectos, se introducen artículos regresivos y se instala el miedo como argumento político. La codicia entiende que un Estado que garantiza derechos es un obstáculo para el negocio de la pauperización y por eso busca paralizarlo desde adentro.

Cuando se posesiona este comportamiento, se le abre paso al surgimiento de un Estado corporativo de rasgos neofascistas, donde las decisiones públicas se subordinan a intereses privados y la democracia se reduce a una formalidad vacía. Como advirtió Hannah Arendt, “el problema del mal no es su profundidad, sino su superficialidad, su capacidad de volverse normal”. Esa normalización explica cómo prácticas autoritarias, excluyentes y profundamente injustas logran instalarse sin rupturas institucionales visibles, amparadas en la costumbre, la indiferencia y el cálculo político.

Pero este proyecto no se sostiene exclusivamente desde la avaricia. Requiere una base social culturalmente frágil. Una sociedad dividida, con bajos niveles de formación crítica, débil memoria histórica y referentes éticos erosionados se vuelve más propensa a admirar, justificar o verse reflejada en quienes representan el enriquecimiento sin límites. Cuando el éxito se mide exclusivamente por la fortuna material, cuando el mérito se confunde con la astucia para aprovecharse del sistema y cuando la solidaridad es presentada como ingenuidad, la codicia deja de ser un problema moral y se transforma en aspiración colectiva.

En ese contexto, la política se degrada en espectáculo y la ética pública se vacía de contenido. Se normaliza el cinismo, se relativiza la corrupción y se tolera el abuso de poder con la excusa de la eficacia o el orden. La pregunta por el bien común es desplazada por la lógica del beneficio individual. Una sociedad culturalmente debilitada termina aceptando lideresas y líderes espurios que la desprecian, discursos que la fragmentan y proyectos que profundizan su propio empobrecimiento.

La renuncia a la soberanía nacional se inscribe también en esta crisis ética. La subordinación acrítica de algunos sectores sociales, políticos y económicos a los intereses de Estados Unidos expresa dependencia económica y política, y una pérdida profunda de autoestima y amor por la patria. Promueven un país que pierda la capacidad de decidir su propio destino y que acepte con facilidad agendas externas, sacrificando su industria, su territorio y su ambiente. Esta entrega beneficia al capital transnacional y a sus socios locales, mientras empobrece material y simbólicamente a la sociedad.

La fragmentación social, el individualismo extremo y la estigmatización de la organización colectiva refuerzan este círculo vicioso. La debilidad estatal y la ausencia de planeación territorial integral no solo fortalecen las economías ilegales, también erosionan la idea misma de legalidad y de responsabilidad ética compartida. Cuando la vida digna parece inalcanzable por vías legítimas, y se promueve un espejismo de crecimiento y desarrollo basado en la ilegalidad, la transgresión deja de ser excepción y se vuelve norma.

La depredación del medio ambiente es la expresión más cruda de esta crisis ética. Bosques arrasados, ríos contaminados y territorios étnicos vulnerados en nombre del crecimiento económico revelan una relación utilitaria con la naturaleza. Cuando la cultura política renuncia a reconocer la vida como valor en sí mismo, la destrucción ambiental se justifica como costo inevitable del progreso.

La corrupción actúa como el lubricante de todo este engranaje. No es un problema moral aislado, es una pedagogía negativa que enseña que todo tiene precio, que la ley es negociable y que el poder sirve para enriquecerse. En paralelo, se renuncia a la planeación o a su seguimiento y se debilita deliberadamente al Estado. Un Estado debilitado no solo es ineficiente, es éticamente peligroso, porque deja a la sociedad sin referentes de cuidado, justicia y responsabilidad colectiva.

La disputa que enfrenta la sociedad es, ante todo, cultural y ética. No se trata solo de reformas o elecciones, sino de reconstruir una cultura política basada en la dignidad, la solidaridad, la memoria y el sentido de lo común. Aceptar la codicia como horizonte aspiracional es renunciar al futuro. Desmontarla como proyecto político exige instituciones fuertes, sí, pero también una ciudadanía crítica, formada y consciente de que sin ética pública no hay democracia posible ni vida colectiva sostenible.

Luis Emil Sanabria D.