Consternados, indignados, sacudidos o cualquier otro calificativo es insuficiente para describir el dolor que nos une como nación tras los aberrantes hechos ocurridos en un jardín infantil de Bogotá, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

Hablo de lo sucedido en el Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital colombiana. En ese lugar, menores entre los dos y cuatro años, habrían sido víctimas de Freddy Arley Castellanos, un docente del ICBF, quien fue capturado por presunto abuso sexual a cerca de 12 niños.

Este horroroso caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis en la protección de lo más valioso que tenemos como sociedad: la infancia.

El gobierno actual se ha caracterizado por dejar de lado la protección de niños, niñas y adolescentes, al punto que, hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha reconocido públicamente (sin que anuncie una política seria para afrontar la situación). 

En ese sentido, debo señalar con firmeza que la responsabilidad sobre lo sucedido recae en el gobierno de Petro. Es a este gobierno al que las madres de los menores reclaman justicia, apoyo y reparación. Han sido esas madres quienes alzaron su voz en defensa de sus niños. Sin embargo, el mandatario ha sido indiferente a este dolor.   

A Colombia no se le olvida que la primera directora del ICBF nombrada por el petrismo fue la señora Concepción Baracaldo, amiga íntima de la primera dama Verónica Alcocer. “Concha”, como le dicen en su círculo cercano, no tenía experiencia alguna en asuntos de infancia, de hecho, su principal cualidad era una relación de amistad con Alcocer. Entre sus polémicas salidas se destaca haber puesto a cantar el Himno de la Alegría a los asistentes de un evento.  

Debo decir que, desde el momento mismo en que se designó a Baracaldo, en la oposición de Colombia cuestionamos lo que se venía para la infancia de todas las regiones del país. El tiempo nos dio la razón.  

Dicho y hecho, el clientelismo y el haber tomado el ICBF como fortín burocrático, desencadenó hechos trágicos como el de San Cristóbal, pues al convertir la institución en una entidad burocrática, se dejaron de lado procedimientos, rigurosidad de funcionarios y planificación en la protección de menores.

Sin duda, el caso del jardín infantil en Bogotá expone las consecuencias de estas decisiones. La falta de supervisión y protocolos efectivos permitió que un agresor operara impunemente en una institución bajo la supervisión del ICBF.

Era tal el miedo que los niños le tenían al profesor que los amenazaban con enviarlos bajo su supervisión, según el testimonio de una madre. ¿No era esto un medidor suficiente para que se tomaran acciones?

Lo anterior, no es un incidente aislado, pues en el primer trimestre de este 2025, se registraron 2.404 alertas de abuso sexual a menores desde entornos escolares en Bogotá.

Por lo anterior, es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para proteger a la infancia, incluyendo una política de Estado. Esto implica nombrar líderes con experiencia y compromiso en la defensa de los derechos de los niños, implementar protocolos de supervisión efectivos en las instituciones educativas y garantizar que las denuncias de abuso sean investigadas y sancionadas con celeridad. Debemos unirnos como sociedad y exigir la renuncia de la directora actual del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.

Esta columna es una voz de protesta en solidaridad con todas las víctimas y sus familias.

Andrés Barrios Bernal