Por: Quena Ribadeneira

El Decreto 293 del 26 de junio de 2025, expedido por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, restringe el horario de funcionamiento de bares y discotecas que expenden y permiten el consumo de alcohol: de 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, reduciendo en dos horas el horario ya establecido que iba hasta las 5:00am. La medida se justificó en la necesidad de frenar delitos de alto impacto como homicidios, hurtos y lesiones personales, supuestamente vinculados a la rumba nocturna. Sin embargo, las cifras demuestran que el decreto no solo no ha resuelto el problema de seguridad, sino que ha generado consecuencias negativas en lo económico, lo social y lo cultural.

El alcalde Galán hizo campaña sobre la promesa de consolidar una Bogotá 24 horas, con una economía nocturna dinámica, segura e incluyente. Hoy, con este decreto, hace exactamente lo contrario: restringe la vida nocturna, castiga a los establecimientos formales y erosiona la confianza ciudadana, un pilar que él mismo dijo sería la base de su relación con la ciudad. Esta incoherencia no es menor: cuando un gobernante traiciona sus promesas, no solo pierde credibilidad, también debilita la confianza de empresarios, trabajadores y ciudadanos en las instituciones. Y sin confianza, no hay gobernanza posible.

Cifras que desmienten el argumento oficial

• Según la propia administración, tras el decreto los delitos de impacto no han disminuido, sino que siguen en aumento.
• El 66 % de los establecimientos nocturnos obtiene ingresos claves entre las 2:00 y las 5:00 a.m., y el 54 % opera más allá de las 3:00 a.m. Restringir el horario golpea directamente la sostenibilidad del sector.
• La medida ha generado pérdidas estimadas en 141 mil millones de pesos al mes y afecta a más de 16.000 empleos, principalmente de jóvenes y mujeres.
• El sector aporta el 3,19 % del PIB de Bogotá, genera 493.000 empleos (57,5 % ocupados por mujeres) y representa el 11,7 % del empleo total de la ciudad. Una decisión que golpea de frente a esta economía es una decisión que golpea de frente a Bogotá.

La contradicción es evidente: se ataca un sector que formaliza empleo, paga impuestos y aporta a la economía de la ciudad, mientras la delincuencia sigue operando sin restricciones. Lejos de reducir las riñas, el decreto ha generado concentraciones masivas a la salida de los establecimientos a las 3:00 a.m., lo que aumenta los conflictos en el espacio público. Además, deja en riesgo a miles de ciudadanos que salen a esa hora, justo cuando el transporte público no opera. Es decir, más inseguridad, no menos. Una política que se presenta como herramienta de seguridad termina siendo un incentivo para el desorden y la vulnerabilidad.

Durante más de 20 años, Bogotá avanzó en la construcción de una gobernanza de la noche a través de la cooperación entre el sector privado y la administración distrital. Programas como Fiesta Sana y Segura, impulsados en la alcaldía de Gustavo Petro, mostraron que la clave no está en restringir, sino en gestionar la noche con inteligencia, prevención y corresponsabilidad. Hoy, el Decreto 293 representa un quiebre de esa relación y una regresión en el modelo de cooperación público-privada. En lugar de diálogo, hay imposición; en lugar de construir confianza, se gobierna desde la desconfianza hacia el sector productivo.

Las cifras muestran con claridad que los problemas de seguridad son territorializados en localidades como Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Suba donde se concentran los mayores índices de riñas y violencia. Los barrios San Francisco I, Chapinero Central, Espartillal, Venecia y Patio Bonito II son focos concretos. Eso exige intervenciones focalizadas y diferenciales, no medidas generales que castigan a toda la ciudad. El propio Distrito reconoce que define “zonas de alta concentración” con un criterio geométrico (10 establecimientos en un radio de 75 metros), un parámetro débil que confunde densidad con riesgo y abre la puerta a estigmatizar sectores enteros.

La verdadera seguridad se construye con evidencia, con articulación interinstitucional, con transporte público que funcione en la madrugada, con cultura ciudadana y con confianza entre el Distrito y los sectores productivos. Un gobierno serio debería fortalecer la estrategia Bogotá 24 horas, no dinamitarla.

El Decreto 293 no es una estrategia de seguridad, es un retroceso, un golpe a la economía nocturna, a la cultura y a la confianza ciudadana. Bogotá no necesita apagarse a las 3:00 a.m.; necesita una política seria de seguridad y convivencia que cuide a quienes disfrutan la noche y a quienes dependen de ella para vivir. Prometieron una Bogotá 24 horas, pero la están apagando a punta de decretos. Esa es la contradicción de Galán: hablar de confianza y futuro mientras gobierna con improvisación y restricciones, muy poco liberal de su parte.

Cerrar la noche no es seguridad.

Quena Ribadeneira