El 14 de marzo en este espacio escribí que Salvador Arana, el exgobernador de Sucre y exembajador en Chile, estaba al borde de expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por su insuficiente aporte a la verdad. Sin embargo, Arana Sus después cambió su posición y presentó un plan detallado en el que reconoció, por primera vez, que cometió delitos y pidió perdón a todas sus víctimas. En oficio publicado el 16 de julio, queda formalizado el compromiso que él adquirió ante la JEP de contar la verdad de lo que ocurrió durante los años en que fue gobernador de Sucre (2001-2003).

Entre lo ocurrido durante estos años está el asesinato del alcalde del Roble Eudaldo Díaz Salgado, conocido como Tito Díaz. El 1 de marzo de 2003 Díaz denunció en un consejo comunitario en Corozal, al que asistió el presidente Álvaro Uribe Vélez, una alianza de Arana con los paramilitares y la corrupción en Sucre. Díaz anunció que lo iban a matar y el 10 de abril de 2003 se hizo realidad.

En 2005 el entonces representante a la Cámara Gustavo Petro acusó a Arana Sus por conformar grupos paramilitares en Sucre y participar en el asesinato de Tito Díaz. En ese momento Arana Sus se desempeñaba como embajador de Colombia en Chile. Renunció al cargo diciendo que denunciaría a Petro ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia por las acusaciones hechas en su contra. En cambio, la Corte Suprema el 3 de diciembre de 2009 le condenó a Arana Sus a la pena de 40 años de prisión, por el asesinato del Tito Díaz y la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Sucre. Pero Arana Sus no aceptó la condena. Más bien recurrió a la Comisión Interamericana alegando falta de doble instancia.

Ahora en su nuevo plan de verdad Arana Sus reconoce su responsabilidad para el asesinato de Tito y retira la petición que cursaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no solo esto: le dijo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que hablaría de todos aquellos que colaboraron con las autodefensas. Y allí metió a casi toda la clase política del departamento. Entregó una “lista” de políticos, ganaderos, empresarios, entidades de salud, universidades, dueños de medios de comunicación, procuradores regionales, excomandantes de Policía, abogados litigantes y jueces de Sucre que trabajaban para el grupo paramilitar Héroes de Montes de María que controlaron el departamento.

La “lista” la integran Yahir Acuña, excongresista, actual diputado departamental y esposo de la representante Milene Jarava; William Salleg, dueño de El Meridiano; los exgobernadores Édgar Martínez, Jorge Anaya y Erick Morris; los excongresistas Jairo Merlano y Muriel Benito Rebollo; Jairo Fernández Quessep, exalcalde de Sincelejo y tío de Mario Fernández, excongresista y esposo de la senadora Ana María Castañeda; Víctor Guerra, primo de la senadora María del Rosario Guerra; Oliverio Oliver, familiar del gobernador Héctor Olimpo Espinosa; y los excomandantes de la Policía de Sucre y Corozal que infiltraron y «manejaban los comandos de policía de los municipios del Golfo de Morrosquillo y otros de su interés».

También están los exgerentes de empresas del departamento como Pedro Mulet, exgerente de Cajacopi Sucre; Daniel Cure, exrepresentante de los empresarios ante el consejo directivo de la Universidad de Sucre; y Nicolás Sierra, exvicerrector académico Unisucre. Habla del robo de los recursos de las alcaldías, la gobernación, y de las entidades de salud, hospitales y EPS. El exgobernador detalla cómo utilizaron la procuraduría para perseguir a los opositores. También menciona la participación de ganaderos, comerciantes y empresarios que trabajaron con las AUC.

La JEP ya había aceptado en febrero 2021 a Álvaro “el Gordo” García, quien también se comprometió a contar todo lo que sabe de los paramilitares y sus tentáculos en Sucre. Él fue condenado a 40 años de cárcel por hacer parte de los paramilitares y ser el autor de la masacre de Macayepo, en Carmen de Bolívar, hecho en que asesinaron a 12 campesinos usando garrotes, machetes y rocas, y obligaron a 246 familias a desplazarse de su territorio. Se comprometió a aportar verdad sobre las reuniones previas a la creación del bloque Montes de María de las antiguas AUC, sobre los pactos de Ralito y de Chibolo.

La verdad que cuenten tanto García como Arana Sus destapará los vínculos de miembros del establecimiento político, económico y mediático del departamento de Sucre con el paramilitarismo. Viene a complementar lo que ya se sabe del paramilitarismo en este departamento debido a los testimonios de los paramilitares que se desmovilizaron en Justicia y Paz, los cuales conllevaron a que 35 políticos del departamento fueran investigados por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Además de García y Arana Sus, han sido condenados concejales, alcaldes, los representantes Jorge Luis Feris Chadid y Muriel Benito Revollo, y los gobernadores Eric Morris, Miguel Nule Amín, entre otros.

Los terceros que mencionen Arana y García no están obligados a declarar ante la JEP, tras el lobby que hicieron políticos como Germán Vargas y Álvaro Uribe para sacarlos de esta jurisdicción durante la reglamentación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, si con base en los testimonios de los dos expoderosos de Sucre, la Fiscalía los comienza a investigar, varios de ellos también terminarán golpeando la puerta de la JEP. Lo que quieren los familiares de Tito Díaz, entre ellos su hijo Juan David Díaz, es que toda la estructura criminal alrededor de Arana Sus y García sea desmantelada.

En el hipotético evento que los familiares de las víctimas y la Procuraduría General de la Nación acepten el nuevo compromiso de verdad de Arana Sus, el exgobernador estará más cerca de acceder a los beneficios de la justicia transicional y el país habrá tomado un paso hacia cumplir con los ideales del estado social de derecho. Otra contribución sumamente importante de la JEP.