Aunque durante años se presentó el Acuerdo de Paz de 2016 como un punto de inflexión histórico, los datos muestran otra historia. La tasa de homicidios, que en 2016 era de 24,4 por cada 100.000 habitantes, se ubicó en 26,1 en 2023. Algunos departamentos clave para el proceso, como Cauca, Nariño y Norte de Santander, superan los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. La reducción de violencia no fue ni duradera ni sostenida. La Defensoría del Pueblo reporta más de 560 masacres entre 2016 y 2024, así como el asesinato de más de 1.100 líderes sociales en el mismo periodo. El más reciente, la de Miguel Uribe Turbay, nos ratifica que en la Colombia actual se mata por pensar diferente. Sino se hace algo pronto, el Acuerdo de Paz no solo será un fracaso: será irrelevante para el futuro.

La expansión territorial de grupos armados ilegales evidencia un retroceso en el control del Estado. Entre 2016 y 2023, el número de municipios con presencia de disidencias de las FARC aumentó de 33 a 164, mientras que el ELN pasó de 99 a 168. Los corredores estratégicos del Caribe y el Pacífico registraron un crecimiento del 212% en presencia de actores criminales, generando un efecto de “repartición criminal” que contradice los objetivos iniciales de desmovilización. Los espacios territoriales dejados tras la firma del Acuerdo no fueron ocupados de forma efectiva por el Estado.

En cuanto a justicia, de los más de 13.200 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, solo 14 han recibido una resolución de fondo, mientras que el 89% de los expedientes permanece en etapa preliminar. Menos del 2% de las audiencias programadas derivaron en decisiones sancionatorias, y la congestión mina la credibilidad del sistema. Las investigaciones sobre reincidencia armada han judicializado apenas a 12 personas, pese a que la Defensoría del Pueblo ha identificado más de 3.500 integrantes de estructuras disidentes.

El impacto presupuestal tampoco refleja avances significativos. Entre 2017 y 2023 se han invertido más de 65 billones en la implementación de la paz, pero el 68% se ha concentrad en programas operativos y logísticos, mientras que los proyectos de transformación territorial apenas avanzan. Hasta ahora es una paz de consultores, una paz de Power Point. Los 170 municipios priorizados por los PDET mantienen un índice de pobreza multidimensional superior al 38%, sin reducciones significativas desde 2016. El cronograma de inversiones, que es el componente menos polémico del Acuerdo, nunca se materializó.

En síntesis, aunque el Acuerdo permitió la desmovilización parcial de un grupo armado, no se tradujo en mayor seguridad, justicia ni transformación territorial duradera. Más allá del discurso, los objetivos de estabilidad y desarrollo no se cumplieron, y su relevancia como instrumento de política pública ha disminuido. Los datos muestran que la paz, materializada en cifras, no fue. Ver el estancamiento de la tasa de homicidio es lejos de un logro. Con nuevas dinámicas de violencia teniendo otros orígenes, se ratifica el temor de la irrelevancia del acuerdo. La tesis de generosidad con los delincuentes del actual gobierno no solo nos regresó al asesinato político, sino que ahora volvemos a los carros bomba. El fracaso en seguridad es total.

Simón Gaviria