Desde que se aprobó el uso médico de la planta de Cannabis y sus derivados mediante Ley 1787 de 2016, hemos asistido al surgimiento, expansión y consolidación de una nueva industria en el país. Y aunque este proceso no ha sido fácil, las posibilidades actuales de crecimiento del sector han generado una gran expectativa, dado el compromiso que ha asumido el nuevo gobierno en impulsar el desarrollo de la cadena productiva del Cannabis para que alcance nuevos mercados locales e internacionales, genere nuevos empleos, atraiga inversiones e incluso contribuya a la construcción de la paz en los territorios.
Este renovado impulso se da en el contexto de un giro radical en la estrategia tradicional de la lucha contra las drogas planteada por el presidente Gustavo Petro. Desde un enfoque prohibicionista se busca hacer el tránsito hacia un modelo basado en la regulación, y con este fin se han presentado ante el Congreso de la República diferentes proyectos de ley que buscan permitir el uso adulto o recreativo del Cannabis en el país, acompañados por políticas de prevención y pedagogía. Y aunque esta misma reforma ya se ha presentado sin éxito en otras oportunidades, lo cierto es que ahora el gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria que la podría viabilizar su tránsito por el legislativo.
Ahora bien, para lograr el posicionamiento del país como líder en la industria del Cannabis a nivel mundial se requiere de tres elementos relacionados necesariamente con la academia: ciencia, tecnología e innovación. El papel de la académica es fundamental para garantizar que el desarrollo de la industria sea equitativo, sostenible y con altos estándares de calidad, sin embargo existen una serie de factores que dificultan un diálogo constructivo entre la academia y los productores del Cannabis y sus derivados en el país.
El primer factor tiene que ver con la percepción que las directivas de las instituciones y la comunidad académica en general tienen sobre la investigación en Cannabis y sus derivados. En el marco de la guerra contra las drogas, visiones académicas sesgadas han predominado durante décadas debido al discurso de estigmatización hacia la planta de Cannabis como sustancia ilegal que debe como mínimo ser alejada a toda costa de las aulas y laboratorios. Sin embargo esta percepción ha sido superada poco a poco ante nuevas iniciativas lideradas especialmente por universidades públicas en el marco del uso medicinal e industrial de la planta de Cannabis y sus derivados.
Vale la pena resaltar varios ejemplos de vanguardia. En el año 2018 el Ministerio de Justicia y del Derecho otorgó licencia en la modalidad de investigación científica a la Universidad de Nariño para la fabricación de derivados de Cannabis en el marco del trabajo adelantado por el Grupo de Investigación en Tecnologías Emergentes en la Agroindustria. Luego en el año 2021, la Fábrica de Semillas y Plantas de Antioquia -FASPLAN-, una empresa spin off de la Universidad de Antioquia se le otorgó una licencia que le permitirá ofrecer servicio de producción de plántulas in vitro de Cannabis y servicios de mejoramiento genético a los licenciatarios que así lo requieran.
Finalmente está el caso de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2021 se conformó el Semillero de Investigación en Cannabis y Derivados -SICAD-, una iniciativa liderada por estudiantes, docentes y egresados de diferentes facultades que ha abierto puertas a que los estudiantes realicen sus prácticas de pasantía y consigan empleo en empresas del sector, aunque también ha contribuido en acciones de formación como cursos, diplomados, eventos de difusión y acompañamiento científico al proceso de otorgamiento de las licencias de investigación. También se ha venido discutiendo en la institución la creación de un Centro de Excelencia en Cannabis que permita la financiación de diferentes proyectos de investigación relacionados con esta industria que están en etapa de formulación.
El segundo factor tiene que ver con los costos de las licencias, que a pesar de ser otorgadas en la modalidad de investigación científica no comercial, implica una tarifa bastantes alta que debe ser asumida por la instituciones de educación superior solicitante, lo que genera barreras de acceso a la generación del conocimiento y la innovación. Es necesario que desde la reglamentación se trabaje en la reducción de las tarifas, en establecer tarifas diferenciales para las IES o incluso tarifas subsidiadas con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología en Innovación.
Otra posibilidad es la eliminación total del costo de la licencia cuando se adelanten actividades de investigación científica, sin que ello implique eliminar el rol fiscalizador del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de sistemas de información que se hayan implementado, ni tampoco limitar las actividades de control por parte de las autoridades judiciales o de la fuerza pública. Esta eliminación de las licencias al menos en favor de las universidades públicas, o incluso si se proyecta en el marco de procesos de formalización de cultivos ilícitos o proyectos productivos de familias campesinas puede ser una medida que puede favorecer definitivamente el desarrollo equitativo del sector en los próximos años.
El último factor por resaltar tiene que ver con la necesidad de que la academia genere conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria e integral, es decir, que reflexione desde distintas disciplinas sobre la forma en que el desarrollo de la industria del Cannabis puede generar no sólo cadenas de valor, sino también impactos ambientales en los ecosistemas y en calidad de vida de los pueblos y comunidades que dependen de estos. Está claro que el impulso decidido al sector no puede justificar la afectación de los derechos fundamentales de las poblaciones de acceder a la tierra, el agua, los bosques y demás elementos del ambiente.
Un ejemplo claro fue lo ocurrido hace unos años con la empresa canadiense Cannavida S.A.S. en el municipio de Barichara (Santander), a quien se le otorgó en tiempo récord una concesión de aguas subterráneas para la explotación de cultivos de Cannabis, mientras que a las comunidades campesinas del mismo municipio no se les había otorgado esta misma concesión aunque la habían solicitado hace más de nueve años. Esta situación derivó en un conflicto ambiental que se tradujo en acciones legales contra la empresa canadiense las cuales fueron acompañadas por el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales -GIDCA- de la Universidad Nacional de Colombia, y cuyos resultados fueron presentados en el capítulo V del volumen II del libro “Afectaciones a Derechos Ambientales en tiempos de crisis climática y pandemia: algunos estudios de caso” publicado en 2021.
Del análisis de estos factores se evidencia la profunda articulación que debe existir entre la academia y los diferentes participantes de la cadena productiva del Cannabis. Esta relación debe estar fundada en criterios de equidad, justicia ambiental e innovación con excelentes estándares de calidad, lo cual permitirá escenarios más favorables para el crecimiento sostenible de esta industria en el país y también para la incursión en el ámbito internacional. Los retos que plantea su desarrollo en los próximos años, deberán enfrentarse con políticas basadas en investigaciones adelantadas por nuestros propios expertos y mediante estrategias de intervención estatal con carácter participativo y enfoque regional.
