Al pensar en la situación actual de La Rolita, Operadora Distrital de Transporte, se me viene a la mente el caso de Epa Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver? Pues explico la analogía.

En el 2019, durante una protesta, Daneidy Barrera vandalizó una estación de Transmilenio y fue grabada en flagrancia. Incluso, ella misma hizo publicaciones en redes sociales mostrando su “osadía” y desafío al sistema. Años después, decidió reinventarse como empresaria de keratinas e influencer, generó empleo, pagó impuestos y aportó a la economía. Sin embargo, nada de eso le sirvió como atenuante para el delito cometido y fue condenada a cinco años de prisión. Se trató de una decisión judicial que dejó atónito a más de uno. Pero, el derecho es claro, la ley no absuelve por buena conducta posterior.

Así las cosas, contrasto el caso con La Rolita, ¿Por qué deberíamos omitir los vicios en su creación? ¿Porque presta un servicio necesario para la población? ¿Por qué tenemos que premiar el resultado y olvidar la forma? ¿Porque la intención era buena? Pues, en mi opinión, esa no puede ser la vara con la que se mide la legalidad en una democracia y, mucho menos, hacer incurrir a otros en el error.

En derecho, como en política, las buenas intenciones no eximen de responsabilidad. Esa es una lección que, al parecer, la exalcaldesa Claudia López omitió durante su mandato.

El caso de La Rolita no solo es un síntoma de improvisación institucional, sino un claro ejemplo de cómo el discurso progresista puede ser usado para encubrir decisiones que vulneran el marco legal.

Y aclaro, La Rolita genera empleo, beneficia a mujeres berracas y pujantes que allí trabajan, resuelve la movilidad de gran parte de Ciudad Bolívar, es una alternativa sostenible con buses eléctricos, todo esto lo pude evidenciar en un recorrido que realicé este año a sus instalaciones. Aquí el problema es que, quieran admitirlo o no, se creó por fuera de la ley, y buscan con una narrativa, hacer ver todo lo contrario y endilgar responsabilidades a otros. El tema es jurídico, no de conveniencia.

El artículo 69 de la Ley 489 de 1998 es clarísimo: toda empresa descentralizada debe nacer con autorización del Concejo y con un estudio técnico que sustente su viabilidad. La administración de la señora López hizo lo primero, a medias, y lo segundo, sencillamente no lo hizo. En su lugar, insertó el artículo 91 en el Plan de Desarrollo 2020–2024, sin el estudio requerido, y con eso le dio vida a una empresa pública. Importante que la ciudad y el país vean la inexperiencia de quien aspira entrar a la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Tiempo después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló ese artículo por no cumplir con la ley. ¿Qué significa esto? Que todo lo actuado con base en ese artículo, incluida la constitución de La Rolita, es nulo.

Pero el asunto se agrava. En 2022, la empresa Transmilenio, accionista mayoritario, permitió que ENEL adquiriera acciones de La Rolita, transformando su naturaleza de pública a mixta. Todo esto sin autorización del Concejo, como si la participación privada en una empresa distrital fuera un detalle administrativo y no una decisión de fondo.

Ahora desde la administración distrital, con Claudia López por fuera, y con el lío encima, se le presentó un nuevo Proyecto de Acuerdo al Concejo de Bogotá tratándolo de hacer ver como “solución”. Nos dicen que La Rolita “funciona” y que “necesita ser salvada”. Sin embargo, el derecho no premia buenas intenciones o pregúntenle a Epa Colombia. 

La creación de La Rolita no fue un error técnico: fue una decisión política que, con la testarudez de Claudia López ignoró advertencias, evadió controles y burló la norma. Y lo peor es que ahora se busca que el Concejo de Bogotá se preste para “legalizar” ese acto, como si los fallos judiciales fueran sugerencias y no mandatos.

Lo que Claudia hizo con La Rolita no fue un acto heroico, fue una omisión consciente de las reglas del juego democrático que afecta de manera directa a mujeres y familias.

Andrés Barrios Bernal