El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”. Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

Nota recomendada: AIR – E: la punta del iceberg

El Ministro Andrés Camacho, quien la relevó en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de los mismos, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, el año anterior el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el Presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica, y un tema que aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2”. De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Puede interesarle: Minambiente anuncia medidas por la situación climática en Colombia

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del mar Caribe. Según el Ministro Camacho “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia, porque no ha sido lo suyo, en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore. A contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el Ministro Camacho, sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Por sí no lo leyó: ONU insta a trabajar contra el calentamiento global

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas- ZN. El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de los corrientes, “por el cual se fusiona el IPSE en la ANH, se modifica su estructura y se dictan otras disposiciones”.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una empresa super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos. Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Irene Vélez como el proyecto de Decreto de marras transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra!

Y a todas esas cabe preguntarse, en dónde está el Piloto. Pues, el actual Presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, estos tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno!

Amylkar Acosta