La semana pasada fue noticia la caída en el precio de la acción de ECOPETROL, provocada por la baja de su calificación por parte de Moody’s Ratings. Sin embargo, la situación es mucho más crítica de lo que algunos han querido mostrar.
En primer lugar, es importante reconocer que, más allá de la caída de más del 5% en el valor de la acción durante la última semana, la empresa ha perdido cerca del 50% de su valor desde junio de 2022. En ese entonces, cuando fue elegido el actual gobierno, la acción rondaba los 175 USD; la semana pasada cerró en 87,5 USD.
Esto no es solo una estadística o un símbolo, es una afectación real en la economía colombiana. Se trata de una pérdida tangible en el patrimonio de todos los colombianos, dueños del 90% de la empresa, y de muchos accionistas privados que apostaron por una compañía que, durante 20 años, demostró una sólida capacidad de generar valor.
No es cierto, como afirman tanto la administración de la empresa como el gobierno, que esta crisis sea consecuencia de una condición estructural del mercado petrolero. Esto queda fácilmente desmentido al comparar la situación de ECOPETROL con otras empresas del sector, como Oxy, socia de la petrolera colombiana, cuya participación en el proyecto Crown Rock, con alto potencial de valor, fue rechazada.
Lo que realmente ocurre con nuestra querida petrolera es que, desde la elección del actual gobierno, sus declaraciones han minado la estabilidad de la industria. Desde calificar al petróleo como más peligroso que la coca, hasta desmerecer el talento humano del sector al afirmar que “no se necesita cerebro” para su operación, estas palabras marcaron el inicio de la debacle que hoy enfrentamos.
A esto se suman decisiones estratégicas cuestionables, como el nombramiento de un presidente señalado por su manejo de la campaña presidencial, y la recomposición de la Junta Directiva con activistas anti-extractivismo y ambientalistas ideologizados. Estos, con un discurso en defensa del planeta, han comenzado a dilapidar los recursos de la empresa en proyectos faraónicos de nuevas energías, mientras desatienden las inversiones necesarias para el negocio principal.
Pero el problema no termina ahí. ECOPETROL se ha convertido en un hervidero. Bajo la presión de la Unión Sindical Obrera, que financió la campaña del actual gobierno, se violan sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores, afectando su estabilidad y libertad de asociación. En legítima defensa, el número de sindicatos se acerca a los 60, y el clima organizacional es pésimo: expertos en el negocio están siendo reemplazados por amigos de la actual administración.
Más recientemente, ha crecido la alarma por el preocupante endeudamiento que está adquiriendo la empresa, lo que llevó a la calificación Ba1, que pone en duda la estabilidad crediticia lograda en los últimos años. Esto parece ser un intento por generar recursos inmediatos para financiar al gobierno, sacrificando la sostenibilidad de la empresa.
Queda claro entonces que la crisis de ECOPETROL no se debe a la situación petrolera global ni a la necesidad de orientarse hacia nuevas fuentes de energía. La verdadera causa es la política energética del actual gobierno, que amenaza la estabilidad de la empresa más grande del país. La única esperanza real de recuperación será el cambio de gobierno, por supuesto, en el marco de la Constitución y la Ley, pero cuanto antes, mejor.
