Hace pocos días en Medellín se dio la votación de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, en la que se eligieron los 8 puestos de empresas que van a velar por los intereses de los comerciantes y en la que resultaron electos, en su mayoría, representantes de las grandes empresas y que repite el círculo de los últimos años en el que otros tipos de empresarios emergentes no encuentran un respaldo gremial de la entidad a la que están obligados a pertenecer.

En Colombia, un comerciante existe y puede realizar algunos trámites únicamente si está inscrito ante una Cámara de Comercio, un negocio redondo para ellos, un privado que no debe salir a buscar clientes, sino que estos mismos les llegan por necesidad, y que se termina convirtiendo un valor extra a pagar cada año, y en el que cada modificación representa un pago adicional.

Para los pequeños comerciantes entonces no existe ningún tipo de garantía si están obligados a estar en la Cámara de Comercio, pero no pueden tener suficiente representatividad y participación que les permita crecer y fortalecerse porque la institución esta cooptada. Para el caso de Medellín, por ejemplo, todos los comerciantes deben acudir a esa única institución sin posibilidad de elegir otra, es un monopolio aún cuando las normas del mercado no lo permiten.

En consecuencia, las Cámaras de Comercio en Colombia deben tener una reestructuración profunda pues son entidades privadas de carácter gremial que administran información pública, que recaudan un dinero, tipo impuesto, de los comerciantes por vía del Registro Mercantil y que no tiene ningún tipo de retorno a ellos, mientras se lucran de la información que reciben y la administran a su gusto.

Al tema económico, se le suma la falta de estandarización en los procesos, cada una responde a lo que considera, un trámite lo pueden devolver por cuestiones diferentes en cada Cámara y están sujetas al criterio del funcionario y no a un procedimiento estándar que esté asociado a lo que significa la formalización de los comerciantes. Pero, además, en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado e hiperconectado y con la cantidad de dinero que recaudan las Cámaras de Comercio aún están atrasadas y hacen perder el día a sus clientes en trámites ortodoxos y presenciales.

El debate está abierto ante la inminente necesidad de un cambio de modelo que brinde garantías y equidad a todos los comerciantes, y en el que, si se realiza un recaudo, que en últimas consecuencias es como un impuesto para los empresarios, se garantice el retorno a todos en la misma proporción y con las mismas garantías, de lo contrario lo único que está haciendo es pagando sueldos irrisorios a presidentes que se lucran de una obligación de formalización y que en nada ayudan a construir y potenciar el tejido empresarial.