Esta semana la Contraloría General de la República reveló un nuevo informe sobre el mal uso que hicieron las EPS de los recursos públicos durante la pandemia. En un momento donde todo el pueblo colombiano estaba preocupado por hacer frente a la emergencia, las EPS vieron la oportunidad perfecta de utilizar el dinero de la gente para su beneficio personal, dejando claro la insostenibilidad de un negocio en donde la administración de lo público se le deja a los privados.

En el año 2020 las personas dejaron de solicitar varios servicios médicos, por obvias razones. A esto se le debe sumar que el Gobierno de la época, teniendo que hacer frente al Covid-19, destino un adicional de 41 billones de pesos para el sistema de salud con el objetivo de que no se utilizaran recursos de la UPC para la pandemia de manera tal que hubiese dinero suficiente para cubrir todos los servicios en salud no relacionados con el tratamiento del coronavirus.

Bajo este escenario de una menor cantidad de eventos en salud atendidos y dinero extra disponible es que afirma la Contraloría que las EPS tuvieron para la vigencia 2020 un remanente de más de 11 billones de pesos de la UPC, es decir, 11 billones de pesos provenientes de la cotización para salud que hacen los trabajadores y los impuestos que pagan las personas para financiar el sistema de salud.

Al ser la UPC un recurso proveniente del Presupuesto General de la Nación las EPS tienen la obligación de someterse al principio de anualidad que le aplica a cualquier entidad que maneje recursos públicos. Este principio dicta que el dinero que no se haya gastado en la vigencia debe ser devuelto al Tesoro Público, no puede ser utilizado para un propósito distinto al que fue asignado ni puede ser retenido por la entidad.

No obstante, las EPS que se han acostumbrado a tratar lo público como si les perteneciera decidieron que estaban por encima de la ley, que esos más de 11 billones que no ejecutaron en atención en salud no los tenían que devolver sino que los podían utilizar para solventar sus negocios particulares.

Dice la Contraloría en su informe que al menos 6 billones de pesos los utilizaron para pagar deudas que tenían con proveedores y prestadores de servicios de salud, deudas que de ningún modo pueden ser pagadas con la plata de la UPC pues esta tiene una destinación muy específica, que es la atención en salud. Les correspondía a las EPS como empresas privadas que son poner su propio capital para cumplir con compromisos adquiridos, pero les pareció mucho más conveniente utilizar el dinero de la gente y no tocar el bolsillo propio.

Pero eso no es lo peor, hay $5.3 billones de pesos que están embolatados. Cinco veces la totalidad del contrato de Centros Poblados sobre los cuales no hay claridad cómo se gastaron, aunque sí indicios de que fue para todos menos para la atención en salud de la gente. Por ejemplo, en el caso de la Nueva EPS se destinaron 40.000 millones de pesos para pagar honorarios de ejecutivos, clases de yoga, pautas radiales, entre cualquier otra cosa menos las necesidades de los pacientes.

El informe de la Contraloría ayuda a entender por qué las EPS prefieren decir que salen del sistema antes de aceptar su transformación, puesto que tratan lo público como su caja menor. ¿Dónde más van a conseguir un negocio en donde no tienen que poner plata propia para sus gastos, sino que pueden utilizar la de los colombianos?

La estructura actual del sistema de salud es insostenible, se fundamenta en unos actores privados que actúan con ánimo de lucro pero sin arriesgar su propio capital, utilizando para sostener sus gastos particulares el dinero de la gente. Es por esto que se necesita una reforma a la salud, en donde quede claro que el manejo de los recursos públicos le corresponde al Estado, no a unos intermediarios financieros.

Alejandro Toro