No empieza bien el 2024 para las garantías políticas en Antioquia. Los sectores tradicionales que se encuentran nuevamente en una posición mayoritaria en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, con la complacencia de quienes se hacen llamar de “centro”, han decidido que su primera acción como servidores públicos electos sea vulnerar los derechos a la oposición, los cuales tienen la obligación de cumplir de acuerdo al mandato constitucional y la ley.

El Estatuto de Oposición, consignado en la Ley 1909 de 2018, indica en su artículo 18 que las organizaciones políticas que se declaren en oposición y que tengan representación en las corporaciones, en este caso el Concejo, tendrán participación en al menos una de las posiciones de las mesas directivas de la Plenaria de la Corporación.

La importancia de hacer parte de la Mesa Directiva es que le garantiza a la oposición la posibilidad de influir en las iniciativas a incluir en el orden del día y en el correcto desarrollo de las discusiones. Si quedó consignado en la ley es justamente porque es una de las formas que se le asegura a la oposición el correcto goce de sus derechos políticos, los cuales están claramente establecidos en el artículo 40 y 112 de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, en la primera sesión del Concejo de Medellín realizada el 2 de enero, los concejales de los partidos políticos tradicionales y de Creemos, el partido de Fico, cometieron una vulneración de derechos al elegir en la posición de segunda vicepresidencia a Janeth Hurtado, de la Alianza Social Independiente, partido que se declaró en coalición de Gobierno. La presidencia le quedó a Andrés Tobón, de Creemos, y la primera vicepresidencia a Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, también partidos de Gobierno.

La jugadita deja claro cuál va a ser el trato hacia los miembros de la oposición en el Concejo: una total falta de garantías. Un retroceso absoluto cuando en el período anterior, la primera Mesa Directiva tuvo a Carlos Alberto Zuluaga del Partido Conservador, sin esgrimir el endeble argumento de que el vacío jurídico frente a los tiempos que se toma el CNE en sus trámites internos para reconocer la condición de oposición de los partidos es razón válida para incumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Oposición.

En la Asamblea se presenta un panorama similar, aunque vislumbra una luz de esperanza pues el Consejo Nacional Electoral a través de Auto del 5 de enero de 2024 ha abonado conocimiento de la acción de protección de derechos de la oposición presentada por el diputado Manuel García. Esperamos que con la intervención del órgano electoral la Asamblea Departamental cumpla con su obligación de actuar conforme a la ley y se garantice la participación de la oposición en la Mesa Directiva.

Le solicito a las autoridades electorales y judiciales que revisen cuidadosamente lo sucedido en la elección de las Mesas Directivas, y en caso de que se hayan cometido actuaciones en contra de la ley, se tomen las medidas necesarias para resarcir los derechos de quienes hacen parte de la oposición.

Solo puedo esperar que irregularidades como las cometidas esta semana sean una desafortunada excepción y no la regla en el actuar del Concejo de Medellín hasta el 2027, y en el gobierno de Fico Gutiérrez en la ciudad, así como en el mandato pasado se le garantizaron a quienes estaban en oposición todas las posibilidades de participación política como lo demanda la ley.

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