Una polvareda levantó el presidente Gustavo Petro esta semana. Esta vez con relación al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz entre la Ex guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. “Yo no puedo decir mentiras”, sentenció. Advirtió que iría él mismo a la Organización de Naciones Unidas para reconocer que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”. Y remató afirmando que “Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una declaración unilateral de Estado suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. El presidente enfatizó en los incumplimientos en el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de cierre del conflicto en materia de verdad y justicia; y lamentó la lentitud en la implementación de la jurisdicción y la reforma agraria.

No le falta razón al jefe de Estado en su preocupación por los incumplimientos del Acuerdo de Paz más abarcativo, ambicioso y completo de los firmados en Colombia y quizás en América Latina. Para algunos resultaría exótico que un Estado en palabras de su propio jefe con resignación reconozca su impotencia e imposibilidad para honrar ante el mundo un Acuerdo de esta magnitud. El Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, reaccionó calificando la declaración de Petro como una “autoincriminación”. “Es como un auto denuncia, que produce un estado de desconcierto en la comunidad internacional”. Sin embargo, más allá de las responsabilidades que pueden ser atribuibles al gobierno nacional, las instituciones y funcionarios encargadas de cumplir lo pactado con la ex guerrilla, el presidente Petro seguramente hace alusión a las resistencias, frenos de mano, contraordenes y saboteos que ocurren al interior de un aparato estatal que sigue siendo un campo de batalla ideológico y político entre el cambio y el pasado.

Y no es para menos. El octavo informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notra Dame de mayo del 2024, entidad designada por las partes en el Acuerdo como soporte técnico para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los mismos, advierte que, aunque la de implementación de las 578 disposiciones o compromisos que se derivan del texto del Acuerdo Final de Paz no se ha detenido, su estado actual merece especial atención. Según el informe, en noviembre del 2023 y a 7 años de su firma, solo el 32 % de las disposiciones del pacto de paz completaron su implementación, el 19% se encuentra en estado intermedio, el 30% en estado mínimo y el 10% no había iniciado su cumplimiento. “Es decir que luego de 7 años, el 49% de los compromisos se encuentran en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencias que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que se venza el plazo establecido para ello”, advierte el Instituto Kroc en su informe.

Puntualmente, en el punto de tres de “Fin del Conflicto”, registrado por la misma fuente como uno de los de mayor avance, los compromisos de Cese al Fuego, desmovilización o dejación de armas por parte de las exFARC se cumplieron en un 97%, mientras que los compromisos en reincorporación económica, social y política, aunque alcanzan un destacado nivel de ejecución del 66%, un 34% continuaba en proceso de implementación (en estado mínimo, intermedio o sin iniciar). Llama la atención que se afirme en este reporte que “durante el último año de implementación se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio Duque (1998-2022), el presidente que se propuso “volver trizas los Acuerdos”.

El presidente y su Gobierno en el marco de su Política de Paz Total, contrario al Uribismo, han dado muestras de su compromiso con el Acuerdo de Paz. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida ordena la articulación de sus 5 ejes transformacionales con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial pactados en el Acuerdo y asigna la cifra sin precedentes de 50.4 billones de pesos. También se avanzó en la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz para articular toda la acción institucional orientada a una mayor celeridad en su cumplimiento.

El presidente Petro debería repensar su mensaje ante las Naciones Unidas. Más bien debería incrementar el compromiso estatal con el Acuerdo de Paz. Una especie de renegociación o ajuste del Acuerdo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación CSIVI, a instancias de la comunidad internacional (ONU y países garantes) podría permitir aclarar dudas y precisar los alcances de la JEP como tribunal de cierre, comprometer al conjunto del Estado y todos los poderes públicos en acelerar el cumplimiento del mismo en materia de desarrollo rural, derechos de las víctimas, reforma política, nueva política de sustitución economías ilícitas o transformar las caóticas 120 mil iniciativas de los 170 municipios PDETs heredados por este gobierno en proyectos de transformación territorial en las zonas de violencia financieramente viables y mayor impacto.

Antonio Sanguino