Puede ser que Aída Merlano, hoy prófuga de la justicia, decida entregarse a las autoridades, tras la presión de tener que ver a su hija pagando los platos rotos de su huida, sin embargo, vale la pena preguntarse si su retorno a la cárcel traerá consigo la confesión de quienes son los que integran las mafias electorales que ponen alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en el Atlántico, y que de paso han ayudado a elegir a congresistas y presidentes de la república.

Por supuesto que hay personas que deben estar felices y tranquilos con el escape de Merlano, y no son precisamente sus familiares, sino más bien, quienes manejan las empresas electorales en el Atlántico, tan importantes para la clase política regional y nacional, que de paso se han beneficiado de sus actuaciones.

Suponiendo que, por la presión de la opinión pública y el afán de la justicia de mostrar resultados en este caso, Aida revele la verdad, ¿se desmantelarán del todo estas mafias electorales? Lo dudo. No se puede ser ingenuo y creer que esto se acabará, no va a ser así, porque estos grupos que manejan las elecciones en departamentos como el Atlántico, por ejemplo, se han constituido como clanes político-económicos, que no solo ponen mandatarios, concejales y diputados, sino que, además, dirigen grandes empresas que mueven la economía en estos territorios, lo que hace imposible que esta posible confesión termine con este problema.

Por otro lado, de nada le sirve tampoco al Gobierno Nacional cambiar al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, porque su salida no soluciona el problema de corrupción que existe al interior de las cárceles en Colombia, en donde mandan los más fuertes, y quienes representan al Estado, están a su servicio.

La fuga de Aída Merlano demostró una vez más que el INPEC no es más que una institución del Estado, puesta al servicio de la corrupción política, el narcotráfico y la criminalidad, problema que es conocido por el Gobierno Nacional, pero que ha preferido ignorarlo, de la misma manera como lo hicieron también durante su mandato Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

El despido del general William Ernesto Ruiz y de la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz, no evitará que quienes lleguen a reemplazarlo encuentren la misma corrupción que dejaron quienes salieron del cargo, porque al interior de las cárceles seguirán circulando teléfonos celulares, artículos exóticos y los privilegios para altos funcionarios y políticos presos continuarán a la orden del día, aún con el conocimientos de las directivas de los centros de reclusión, sin que estos puedan hacer algo para detener el problema.

Aída se fue, la verdad sobre la corrupción electoral en el Atlántico se fue con ella, pero dejó una vez más al descubierto la terrible corrupción que existe en los centros carcelarios, de la que se benefician todas las formas de crimen organizado en Colombia, incluyendo a políticos y altos funcionarios presos. Tanto ha crecido el problema, que incluso desde estos lugares se arreglan campañas políticas, se ordenan crímenes y se organizan envíos de drogas ilegales al exterior.

Aun si Aída regresara el problema seguiría, y de nada servirá liquidar al INPEC, porque las cárceles seguirían con el mismo problema y la única solución es la decisión total y absoluta del Estado en su conjunto para combatirla de raíz.

Twitter: @Sevillanoscar