A lo largo de la historia, la población LGBTIQ+ ha enfrentado una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos, viéndose sometida a diversas formas de exclusión y discriminación. Desde la patologización de las identidades no normativas hasta la criminalización de la homosexualidad en numerosas sociedades, los esfuerzos por negar su existencia han sido sistemáticos. En el siglo XX, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó la homosexualidad en su lista de trastornos mentales hasta 1973, un acto que legitimaba la violencia y los tratamientos coercitivos. Del mismo modo, en América Latina, gobiernos y estructuras religiosas han recurrido a la moralidad y el miedo para reprimir las identidades diversas, como lo señala la investigadora Ochy Curiel, quien argumenta que las ideologías conservadoras han perpetuado la violencia contra las personas LGBTIQ+ en nombre de la “defensa de la familia” (Curiel, 2013). Hoy, estas mismas estrategias de desinformación y control resurgen bajo nuevos disfraces, como lo vemos en la reciente convocatoria a la marcha “Con los niños no te metas”, donde el discurso de protección infantil, que es necesario pero que es utilizado de manera tendenciosa y oportunista para justificar la exclusión de las infancias trans.
En Colombia los sectores cristianos y fundamentalistas buscan rechazar la Circular Externa 0011-5 de 2024 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha circular tiene como objetivo garantizar la atención médica adecuada y respetuosa para las personas trans, incluyendo infancias y adolescencias. No obstante, los organizadores de la marcha sostienen que esta medida vulnera la “integridad” de los niños, un argumento que reaviva el debate sobre derechos, identidad de género, y el uso del discurso religioso para bloquear avances en materia de derechos humanos.
La polarización en torno a esta circular no es nueva. Ya en 2014, vimos cómo sectores conservadores anti derechos se opusieron vehementemente a las cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación, utilizando retóricas de miedo que tergiversaban su contenido. Hoy, vemos una estrategia similar: quienes atacan la circular no solo desinforman sobre los derechos de las infancias trans, sino que también omiten un detalle clave. Este tipo de medidas no busca promover cirugías o cambios irreversibles en menores de edad, sino garantizar que las personas trans, desde temprana edad, reciban la atención médica integral y respetuosa que necesitan.
La Superintendencia ha sido clara en que la circular no obliga a realizar procedimientos quirúrgicos en menores, como lo ha explicado el propio superintendente Luis Carlos Leal, pero esto no detiene la maquinaria de desinformación. Es clave señalar que la Corte Constitucional ya ha reconocido en múltiples fallos el derecho a la identidad de género como un derecho fundamental, incluso para menores de edad (sentencia T-261 de 2024). Sin embargo, quienes apoyan la marcha han decidido ignorar estas disposiciones constitucionales, prefiriendo escudarse en sus creencias religiosas y en la mentira.
Este rechazo sistemático a las políticas que promueven el reconocimiento de las identidades trans está cargado de una lógica profundamente discriminatoria. Como señala el autor Richard Delgado, uno de los pioneros de la teoría crítica de la raza, los ataques a las comunidades marginadas se perpetúan cuando se utilizan estructuras de poder —ya sea el sistema legal o el religioso— para oprimirlas (Delgado, 2017). En este caso, los sectores conservadores buscan instrumentalizar la religión para justificar la negación de derechos fundamentales a la comunidad trans, especialmente a los más jóvenes.
Los argumentos detrás de esta marcha no son técnicos ni basados en evidencia científica, sino profundamente ideológicos. Ignoran el hecho de que el reconocimiento y afirmación temprana de la identidad de género es crucial para la salud mental y el bienestar de los niños trans. Según un estudio realizado por la Universidad de Washington en 2021, los menores trans que cuentan con apoyo familiar y social muestran niveles de bienestar emocional comparables a sus pares cisgénero, mientras que aquellos que enfrentan rechazo tienen una mayor probabilidad de sufrir problemas de salud mental, incluido el riesgo de suicidio.
Vale la pena recordar que ya en el pasado hemos visto cómo estos mismos sectores políticos han frenado proyectos fundamentales para la comunidad LGBTIQ+, como la Ley Integral Trans, cuyo trámite sigue bloqueado por prejuicios infundados. En el Concejo de Bogotá, también hemos enfrentado ataques infundados cuando, como ponente del Proyecto de Acuerdo Sergio Urrego, que busca crear mejores entornos educativos para estudiantes LGBTIQ+, fuimos objeto de calumnias y distorsiones similares.
Es imprescindible destacar que quienes se oponen a la circular no solo buscan detener un avance en la garantía de derechos, sino que niegan la existencia misma de las infancias trans y de las necesidades de sus familias. La estrategia no ha cambiado: manipular el discurso sobre la protección infantil para justificar la exclusión y discriminación.
En conclusión, lo que está mal no es la circular que busca garantizar los derechos de la comunidad trans, sino la constante perpetuación de discursos de odio que deshumanizan a quienes no encajan en las nociones conservadoras de género. Las infancias trans merecen un país que les brinde acceso a una vida digna, con derechos plenos, sin que su identidad sea usada como campo de batalla ideológico.
