El Gobierno Nacional acaba de expedir el Decreto 100 del 28 de enero de 2020, integrando el Comité Intersectorial para dar respuesta al Estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional (Sentencia T – 302 del 2017 y el Auto 207 del 25 de mayo de 2017, seguidas de la Sentencia T – 415 de 2018 y T – 216 de 2019 ), a instancias de la Procuraduría General de la Nación y al incumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares (Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015) dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Dicha Comisión deberá propender por el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, así como dar respuesta a los requerimientos tanto de la Corte Constitucional como de la Procuraduría General de la Nación. Debe, además, “apoyar los procesos de planificación de las acciones y/o actividades necesarias para la atención integral en el territorio”. La misma estará integrada por delegados de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, la Consejería presidencial para las regiones, el DNP, el Departamento para la Prosperidad social y el Departamento de la Función pública, por parte del Gobierno Nacional.
Se echa de menos la presencia y la participación en el mismo tanto de las autoridades territoriales (Gobernador del Departamento, alcaldes y las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas). Sólo se prevé que “se podrán invitar a los representantes de las autoridades indígenas”. Manes del centralismo! Esto es inadmisible, tanto las autoridades tradiciones de la comunidad Wayüu como las autoridades administrativas deben ser integrantes de pleno derecho de dicho Comité, para que puedan participar activamente en el diseño, implementación y ejecución de las medidas a tomar y no como convidados de piedra. Así y sólo así se puede garantizar el enfoque territorial que asegure el tratamiento diferencial y diferenciado a que tienen derecho, según lo consagra la Constitución Política.
A este propósito, vale la pena recordar que el 4 de agosto de 2018 fue expedido el Documento CONPES 3944, mediante el cual se establece una estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas, el cual fue concertado con la dirigencia regional. Este documento se expidió justamente en cumplimiento, aunque tardíamente, el Auto de la Corte Constitucional, así como del requerimiento tanto de la CIDH y de la Procuraduría General de la Nación. Mediante este documento se busca implementar una política de seguridad alimentaria a la niñez Wayüu, garantizarles igualmente la atención en salud y suministro de agua potable. Por lo tanto debe servir de base para arrancar cuanto antes con la puesta en marcha del Comité Intersectorial.
Consideramos que este debería ser un referente obligado para dicho comité, para construir sobre lo construido y así evitar dilaciones en la implementación de las medidas que amerita la calamidad pública que padecen sobre todo los más vulnerables entre los vulnerables, como lo son los pueblos indígenas. Por favor, manos a la obra Riohacha.
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