Lo más sorprendente luego de cumplir un año de aislamiento social obligatoria, es que aún se presenten dudas para lograr el regreso de jóvenes y estudiantes a la presencialidad escolar y sectores garantes de la protección integral de nuestra infancia y adolescencia, calle ante su presencia en las manifestaciones generadas en el marco del paro nacional.

Es de considerar que ante las actuales circunstancias, nada tienen que hacer los menores de edad al interior de las diversas expresiones de inconformismo que se realizan en calles y avenidas de las principales ciudades del país, ya que en algunos casos han derivado en actos violentos que ha puesto en riesgo tanto a participantes como transeúntes de los sectores en cuestión.

Permitir la presencia de adolescentes y niños al interior de una marcha pacífica, cuando se han presentado constantes confrontaciones, por hechos de vandalismo anexos, es exponerlos al peligro que puede representar, en el caso de que en el lugar se presente algún enfrentamiento con la Fuerza Pública y el primero en manifestarse en contra de este hecho, debería ser el ICBF.

Si bien es cierto en una democracia como la Colombiana, es de gran importancia que niños y adolescentes puedan poner de manifiesto su pensamiento y aprender la importancia de la defensa de sus derechos tanto como el cumplimiento de sus deberes, deben generarse mecanismos seguros que desde sus casas y bajo la protección de sus padres, les permita comprender lo apremiante de una participación activa, crítica y creativa sin que ocasione riesgo para sus vidas, legitimando el derecho a la educación recibiendo sus clases desde la virtualidad, hecho del cual el Estado debe ser garante.

No con la excusa de que el papá o la mamá no tenían con quien dejarlo en la casa mientras ellos protestan, se debe exponer a un menor de edad a los lamentables hechos que se han presentado en Colombia en medio de las manifestaciones. Esto no puede seguir ocurriendo y aquí va la pregunta del millón: ¿está haciendo algo al respecto el ICBF?; ¿Por qué el silencio del Ministerio de Educación y de las diferentes secretarías de Educación departamentales y municipales?

Sí menores de edad han sido afectados o vulnerados en medio de las manifestaciones, ¿Quiénes deben dar las explicaciones al respecto? ¿Acaso el Ministerio de Educación, cada secretaria de Educación dependiendo del lugar donde se presente el hecho y el ICBF, los padres de familia? Y . . . son los agentes de Policía, el personal idóneo que sin abusar de la autoridad que les otorga el uniforme, quienes deben intervenir evitando que estos hagan parte de la marcha, al no contar con las garantías para asegurar su protección en el proceso de expresión de desacuerdo?.

Esto no puede seguir ocurriendo. Saquemos a los niños y adolescentes de las marchas. Ellos deben estar en sus clases bajo la protección de sus hogares.

Yamile Vanegas
Directora
Fundación Acuerdos Por la Paz