“Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador criticaba el rol de los militares en la guerra contra el narcotráfico y prometía sacarlos de las calles de México, píero en el transcurrir de su gestión solo les ha dado más poder. En 2019 eliminó la Policía Federal y en su reemplazo creó la Guardia Nacional, a la que integró en un 80 por ciento por militares. Y en agosto pasado informó que el nuevo cuerpo dedicado a combatir el delito dejaría de estar bajo el mando civil y pasaría a la Secretaría de Defensa”. Este párrafo hace parte del acertado artículo “La creciente influencia militar en América Latina” que pública El Tiempo https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/la-creciente-influencia-militar-en-america-latina-717392, que plantea cómo por conveniencia y necesidad se están utilizando las fuerzas militares en materia de seguridad pública.

Este aumento de la intervención de los militares en la seguridad pública, también se ha hecho evidente en otros países de la región, como bien lo expone el artículo, donde por diversos motivos se ha avanzado en esa línea; motivos que van desde el interés de algunos gobiernos que buscan el apoyo de los militares para mantenerse en el poder, hasta para enfrentar los grandes retos del crimen organizado trasnacional y nacional que en algunos casos superan la capacidad de las autoridades policiales.

En Colombia, si bien la Policía, por su capacidad y creciente profesionalismo, ha mantenido el liderazgo en materia de seguridad pública, no ha sido extraña tampoco la utilización de las Fuerzas Militares para atender problemas de seguridad pública; los problemas históricos de “orden público” han dado pie a la presencia y accionar de las FF.MM. en distintos territorios y ciudades del país.

Hoy, cuando solo queda un grupo armado con orientación política en su accionar en contra del Estado y algunos otros grupos delincuenciales con estructuras militarizadas y narcotizadas, cabe preguntarse, una vez más, ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Militares en materia de seguridad pública, especialmente en aquellos territorios donde la única presencia del Estado son las Fuerzas Militares y donde actúan distintos grupos de delincuencia organizada explotando las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y la explotación ilegal de los recursos naturales?

Son distintos territorios donde viven poblaciones campesinas, afros, indígenas, colonos, y donde la Policía tiene una limitada y casi nula presencia para enfrentar el crimen organizado que actúa en esos lugares y para desarrollar su labor de seguridad y convivencia ciudadana, cercana a las comunidades y las necesidades de los ciudadanas y ciudadanos colombianos presentes en esas zonas del país. No va a ser posible en corto tiempo aumentar y profesionalizar el pie de fuerza de Carabineros, de por si ya poco (ojalá, para aumentar el número de policías, especialmente Carabineros, no se caiga en el reclutamiento y desmejoramiento de la calidad de la formación de los policías como se hizo a comienzos de este siglo y que afectó de manera grave el profesionalismo y la disciplina interna de la institución).

Los retos de seguridad en esos territorios, especialmente rurales, son grandes, no se cuenta con suficientes policías y se tiene una fuerza militar que ya no enfrenta los grupos guerrilleros ni paramilitares que se conocieron a finales del siglo pasado y comienzos del presente y que está en esas zonas, donde la desconfianza entre las autoridades y los ciudadanos es mutua. Un reto grande de seguridad rural y donde las Fuerzas Militares pueden jugar un papel muy importante si se hacen los cambios adecuados.

Finalmente, hay que reconocer que garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el desarrollo alternativo de esos territorios no es de responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas, se requiere una intervención integral e interinstitucional que involucra a todas las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social del orden nacional, municipal y departamental, con una alta participación y reconocimiento de las organizaciones sociales de las comunidades y ciudadanos asentados en esos territorios. Para esto también se requiere del liderazgo del Presidente y de la coordinación de un ministerio, que organice y ordene la intervención integral de las demás instituciones del gobierno y del Estado.