Se cumple un mes de este nuevo paro nacional, las marchas y los movimientos sociales no son eventos nuevos para la actual administración, una que sigue remando en su propio discurso, que cada vez suena más repetitivo y menos convincente, sin mencionar ausente de resultados favorables. Una administración que mentirosamente prometía seguridad y crecimiento económico, y que independientemente de la tormenta del covid-19, no pudo sortear las olas de la propia dinámica del país que Duque aseguraba que iba a calmar.

Con la ilusión de cambiar el país, de luchar por un mejor mañana, de hacerse escuchar, de darle libertad a una voz que desde hace tiempo dice que las cosas no van bien pero que estaba silenciada, o simplemente de acompañar a un amigo o familiar a marchar, así salieron miles de manifestantes a las calles, 346 personas nunca volvieron. Esos datos de Indepaz son hasta el miércoles 26 de mayo.

Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), alertó sobre la reproducción de patrones que podrían configurar la repetición de las desapariciones forzadas en el marco de las movilizaciones sociales.

La idea de no poder manifestarse -ante el descontento del actuar de un gobierno o la exigencia del cumplimiento de determinados derechos- por miedo a no volver a casa, genera tristeza e indignación. No hay derecho(s).

Brotes de “terrorismo urbano” o “vándalos”, planes de infiltración subversiva o influencia comunista, de esa forma se refieren a la marcha y a las personas que la componen, una forma simple, sucia y efectiva de estigmatizar a quienes reclaman sus derechos de forma pacífica.

Esos son los calificativos de parte del gobierno y su partido político promotor, al gobierno le gusta centrarse en los actos de vandalismo que se han dado y las agresiones a la fuerza pública -que no deberían darse-, esa parece la receta preferida para desprestigiar un movimiento social.

El enemigo son los manifestantes, no la desigualdad, la falta de garantías para reclamar derechos o la preocupante cifra de líderes sociales y excombatientes asesinados, ni mencionar la falta de oportunidades. No hay derecho(s).

En Colombia no hay garantías para marchar, el peso de vivir en una sociedad conservadora choca con la idea del conflicto armado interno, las ideas de reconciliación en la sociedad parecen tener el mismo peso que los prejuicios sobre el fomento de la guerra. Marchar, reclamar y demás se ven como detonadores y muestras de insurrección. Los disparos a manifestantes son un ejemplo.

Muestra de esto son los casos de ataques a manifestantes, a la minga, a los reclamantes de derechos, pedir una mejor calidad de vida o manifestarse en contra del gobierno es un ejercicio peligroso. Tanto es así que en los acuerdos de paz con las extintas Farc y la Corte Suprema han defendido y exigido el derecho a la protesta, en el caso de la CSJ ha pedido rendición de cuentas a la fiscalía y al gobierno sobre las acciones del gobierno y a respetar el derecho a la protesta. Pedir algo mejor parece simplemente irrisorio. No hay derecho(s).

Denuncias de violencia sexuales y fuerza desproporcional de parte de la policía y personal del ESMAD, eso tristemente algo repetitivo en medio de este paro nacional, así como no apoyo el ataque de los uniformados, menos el abuso de parte de sus oficiales, ya que es extremadamente preocupante, una persona sin medio para resistirse a la agresión o el abuso. A medida que se suman las denuncias las instituciones dan respuestas evasivas o amañadas, y nadie responde por el accionar, acá cuestionar a las fuerzas es un pecado, un atrevimiento, un irrespeto y muestra de toda falta de moral. No hay derecho(s).

En este mes La Corte Penal Internacional, Human Right Watch, La Unión Europea, Las Naciones Unidas y la Fundación Universal de Derechos Humanos (esta última demandó a Duque por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos) han expresado su preocupación por los excesos de fuerza que se han dado de parte de la fuerza públcia.

En general el país ha tenido una política de puertas cerradas, solo hasta esta semana se dio permiso para una visita de HRW. No hay derecho(s).

Mi conclusión es que en este país alzar la voz parece algo imposible y que con una ceguera -e indiferencia- selectiva, el presidente Duque enfrenta un mes de movilizaciones sociales, un concepto que ya le es conocido en el desarrollo de su muy cuestionada administración, y la que seguramente cuenta los días para hacer entrega del cargo.