El tiempo me da la razón, las irregularidades en la UAESP son insostenibles. Las denuncias que he reiterado desde noviembre de 2022 son reafirmadas en el especial del periodista Iván Serrano emitido por el medio de comunicación Cambio en el que se confirma que la directora Luz Amanda Camacho y funcionarios de la entidad recibieron coimas por $1.500 millones para adjudicar el contrato de concesión de los cementerios de Bogotá.

El 20 de diciembre en un debate de control político demostré las irregularidades relacionadas con los contratos y la interventoría de la concesión de cementerios. Durante 17 meses el concesionario no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, la ineficiente administración y tardía creación de la fiducia a cargo del concesionario que derivó en que la UAESP no haya tenido control sobre el recaudo por concepto de servicios funerarios, gestiones inadecuadas y cuestionables en el manejo del personal que labora en los cementerios, el incumplimiento en el pago de servicios públicos como luz, agua y gas, este último fundamental para el funcionamiento de los hornos crematorios, desaparición de cuerpos y el incorrecto manejo de las cenizas. Y que se reafirmaron con el informe publicado por la Contraloría Distrital el 08 de enero de este año.

Hoy, luego de las revelaciones publicadas en Cambio queda claro que en la entidad hay presuntos temas de corrupción que tienen que ser resueltos en el menor tiempo posible, la directora debe asumir su responsabilidad política y apartarse del cargo para responder por las acusaciones de que recibió coimas por $1.500 millones. En la plenaria de este domingo los concejales exigimos la renuncia inmediata de Luz Amanda Camacho. Y la alcaldesa Claudia López debe pronunciarse y ser coherente con sus ideas y principios cuando fue senadora del país y lideró la consulta anticorrupción, su silencio perjudica a los bogotanos.

Particularmente en el Parque Serafín, el cementerio más nuevo, hay bóvedas con cuerpos que no cuentan con más de un año de estar ahí y están apareciendo letreros de exhumación, lo que indica que están siendo retirados a pesar de que la normativa que regula la exhumación de cadáveres da como plazo 4 años,  en caso de que los familiares no aparezcan los creman y archivan las cenizas.

Alrededor de 15.000 a 17.000 cenizas de los NN, son almacenadas y archivadas en bolsas negras, sin registro alguno que de constancia de su identidad. ¿Quién asegura que en esas bolsas no están varios de los tantos desaparecidos en Colombia? Lo que viene sucediendo en los cementerios del distrito y presentado en el reportaje confirma varias denuncias de personas que trabajaron allá, en el que estaríamos ante la presencia de posibles hechos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad y que estaría conectado con otro tipo de actividades ilícitas y grupos delincuenciales.

Esta situación debe preocupar a todos los bogotanos, los recursos del erario público son sagrados. Estamos ante una bomba de tiempo. Solicito a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones necesarias.

Lucía Bastidas