Ha sido un amargo, triste y doloroso inicio de año para la comunidad cristiana en Colombia, especialmente en Aguachica, departamento del Cesar, donde sus habitantes y la congregación religiosa Príncipe de Paz, dieron una emotiva despedida a sus pastores, quienes fueron vilmente asesinados junto a sus hijos mientras departían en un restaurante el pasado 29 de diciembre tras terminar el culto.
La masacre de los pastores Marlon Yamith Lora, Yurlay Rincón y sus dos hijos, Ángela Natalia y Santiago, demuestra una vez más que en Colombia nos están matando, aunque el gobierno de Gustavo Petro trate de distraer con discursos cargados de eufemismos sobre la realidad que afrontamos.
Y sin soberbia alguna, traigo la frase “nos están matando” a colación para recordarle al petrismo que en el pasado ellos le hicieron eco por doquier y ahora, cuando están en el poder, la han dejado literalmente en un gavetero, como si estuviera en desuso.
Se le olvida al presidente de la República que él prometió que en su mandato las masacres acabarían, que los grupos delincuenciales desaparecerían y que seríamos una “Potencia Mundial de la Vida”. Lo anterior, evidentemente, se quedó en frases bonitas de un Gustavo Petro que estaba desesperado por llegar a la Casa de Nariño prometiendo el cielo y la tierra.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en 2024 ocurrieron 76 masacres y suman 202 desde que inició el supuesto gobierno del cambio. Lo anterior, sin contar que en el año que acaba de terminar 173 líderes sociales fueron vilmente asesinados.
En medio de este triste y aterrador panorama, que debería preocupar a cualquier jefe de Estado en el mundo, los alfiles del petrismo están más empeñados en tratar de minimizar las cifras en redes sociales, como si se tratase de simples números, tal y como lo ha hecho recientemente el director del Departamento de Prosperidad, Gustavo Bolívar.
El Petro de hace unos años aseguraba que el número de masacres en Colombia era consecuencia de supuestamente hacer trizas la paz, pero vemos con desánimo que la que él promueve –Paz Total- sí que ha traído dolor, pues además de masacres, homicidios, secuestros y extorsión, no ha habido justicia sobre quienes llevan en sus manos los bastones de la criminalidad y la delincuencia.
Lo ocurrido con los pastores del departamento del Cesar nos duele a quienes somos cristianos, pero también a los colombianos. Esta familia construía tejido social a través de la iglesia y además apoyaba a otras congregaciones de Aguachica, Pelaya, San Alberto, San Martín y otros municipios cercanos, algunos carentes de presencia estatal. Realmente, su aporte debe ser digno de respeto y profunda admiración.
En el país hemos tenido un aumento en las violaciones a la libertad religiosa, que tiene como objetivo a líderes religiosos según la propia Defensoría del Pueblo, por lo anterior y como sociedad, exigimos garantías. Pasamos de 13 casos en 2023 a 17 en el 2024 y las amenazas de muerte aumentaron en un cincuenta por ciento.
Es obligación y responsabilidad de las autoridades aclarar que el caso de Aguachica no esté relacionado con lo anterior, pues nos remontaría a tiempos oscuros en los que muchos fueron perseguidos por consecuencia de su credo.
