El 20 de julio, el Gobierno proyecta presentar a consideración del Congreso la Ley de redistribución de competencias ordenada por la reforma constitucional de 2024. Dicha reforma aumentó de 24% a 39.5% la participación de municipios, departamentos, distritos y entidades étnicas en los ingresos corrientes de la Nación. La aprobación de la Ley de Competencias que esta ordena habilitará la reversión gradual de la recentralización de recursos propiciada en los gobiernos Pastrana (2001) y Uribe (2007) para solventar las finanzas nacionales. Con la aprobación de dicha ley se retomará la promesa de descentralización con autonomía y recursos ordenada por la Constitución de 1991 y reclamada insistentemente por regiones y autoridades territoriales.

El Pacto Fiscal de la Constitución de 1991 avizoraba regiones autónomas con recursos presupuestales suficientes para gestionar sus propios asuntos. La decisión recentralizadora de arrebatarles los recursos para cubrir el hueco de las finanzas nacionales, ampliado por las contrarreformas tributarias que redujeron los impuestos a quienes gozaban de capacidad de pago, condenó a la periferia rural del país al abandono. Ese abandono se hizo más patente por la liquidación de las instituciones del Estado que servían al campo -IDEMA, Instituto Nacional de Salud, Caminos Vecinales y un largo etc. de privatizaciones- mientras sus funciones se atribuían a municipios desfinanciados. Las zonas de conflicto y el grueso de los mil municipios de 5ª y 6ª categoría se debaten todavía hoy con alcaldías paupérrimas a cuyos territorios con suerte llega la fuerza pública, sin el acompañamiento del resto del Estado y de sus servicios civilizatorios.

La reforma constitucional que devuelve participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, del 24% actual al 39.5% en los próximos doce años, es una necesidad para cerrar brechas entre regiones, instalar capacidades y reequilibrar geográficamente el Estado que hoy irriga la mayor parte de sus recursos a un máximo de 50 municipios del país. Es cierto que se corre un riesgo grande de captura de recursos por parte de grupos criminales, de la cual no ha sido ajena la Nación y sus entidades descentralizadas, pero ellos se combaten mejor con más y no con menos Estado. Por ello, la reforma constitucional prevé mecanismos de intervención al estilo superintendencias cuando se detecte cooptación y es claro que la Ley de Competencias debe incluir estímulos a la democracia local y a la participación y veeduría ciudadanas.

Una opción tiene que ver con la recategorización de los municipios y departamentos para fines distintos a los netamente fiscales que se conservan.  Como lo plantea Darío Restrepo, quien dirigió la Misión de Descentralización conformada por el Departamento Nacional de Planeación: “Necesitamos instrumentos de categorización de entidades territoriales para otras cosas (distintas al control de la deuda y los gastos de funcionamiento que no se van a tocar) que sí sirvan para propósitos como cerrar las brechas sociales, las capacidades institucionales, económicas y privilegiar los territorios víctimas de la guerra” y agrega que el fortalecimiento de capacidades debe hacerse respetando las autonomías. De eso se trata: de un nuevo Pacto Fiscal para la real autonomía territorial.

Clara López Obregón