“Que ocho años no es nada”, como parodiando a Carlos Gardel en su inolvidable tango “Volver”, podríamos decir, a propósito de los 8 años del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las extintas FARC, que se cumplen este 24 de noviembre. Y ocho años no es nada, si se trata de superar un conflicto político armado de larga duración, que por mas de medio siglo protagonizó la guerrilla, en aquel momento, la más antigua y grande del continente. Y ocho años no es nada, sobre todo si la mitad de ellos, todo un cuatrienio presidencial, se destinó desde el Gobierno de derecha de Iván Duque, a “hacer trizas” lo acordado, o cuando menos, a congelarlo.

Ese cuatrienio perdido para la paz ha dejado consecuencias difíciles de revertir, sobre todo porque como lo advierten los expertos y lo demuestra la evidencia internacional, los primeros cinco años son cruciales para la implementación de un acuerdo de paz y la reincorporación exitosa de quienes han participado en las actividades bélicas. Las cifras y las realidades no mienten. Duque recibió un Acuerdo de Paz por cumplir y nos entregó dos disidencias de las extintas FARC; recibió una mesa de dialogo con el ELN dotada de agenda, metodología y países acompañantes y nos dejó un crecimiento en pie de fuerza, finanzas y cobertura territorial de esta organización guerrillera; recibió un Clan del Golfo, fortaleciéndose como holding criminal a partir del reciclaje de carteles y paramilitarismo, y nos entregó un poderoso ejército con capacidad perturbadora en varias regiones del país. Y fue en ese cuatrienio en el que se incrementó el asesinato de firmantes de paz con 261 casos.    

Fuentes creíbles como la Fundación Paz y Reconciliación -PARES– señalan que Duque cerró su gobierno con un Clan del Golfo expandido a 241 municipios, un ELN incrementando su presencia a 183 poblaciones, mientras que las disidencias de las antiguas FARC comandadas por “Gentil Duarte” llegaron a 119 y la denominada Segunda Marquetalia a 61 municipios. Es decir que el País que recibió Petro tenía 420 municipios, el 37% del territorio nacional, con presencia de grupos armados organizados. Y lo propio ocurrió con el crecimiento de los cultivos de coca en el gobierno de la paz hecha trizas: Según la información de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, Juan Manuel Santos le entregó a Iván Duque un área cultivada de 208 mil hectáreas, mientras que Duque le dejó a Gustavo Petro un área incrementada en 234.000 hectáreas, un aumento del 11%.

Puede interesarle: “Con el ELN no se puede llegar a algo más concreto de lo que ya existe”: Laura Bonilla

El más reciente informe del Gobierno Colombiano presentado en New York ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre pasado, señaló que los rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz “obedecen a decisiones políticas pasadas que desconocieron sus compromisos e instauraron un enfoque limitado al alcance de la paz.”. Concretamente el informe, destaca que desde su inicio la implementación del Acuerdo de Paz  se dispersó y fragmento en 53 entidades del Estado revelando deficiencias y falta de capacidades institucionales para cumplir lo pactado; que los recursos asignados han resultado insuficientes; que persiste la violencia en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado; que es evidente una fragmentación de la verdad y una débil articulación de los distintos modelos de justicia transicional; y que ha habido ausencia de compromiso de otras ramas del poder público.

Acierta el Gobierno Nacional en asumir el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un componente central de la política de Paz Total. Acierta en actualizar, de común acuerdo con la otra parte contratante representada en Comunes, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Acierta en poner en marcha un plan de choque que acelere su cumplimiento y materialización. Y mucho mas acertado, que dicho “plan de choque” haga énfasis en garantizar y culminar la reincorporación de los excombatientes, los municipios PDETs y los pactos territoriales, el pacto político nacional para proscribir la violencia de la política y la seguridad en los territorios. Si dicho plan es exitoso, recuperaremos buena parte del tiempo perdido en estos ocho años.         

Antonio Sanguino