La información que se ha dado a conocer del famosísimo y tan mentadísimo, Diego Marín, conocido con el alias de, Papá Pitufo, se la ha difundido de manera sesgada y con poco o cero análisis, no sé si con el ánimo o la intención de hacer ver a su empresa criminal como si estuviese íntimamente ligada al gobierno actual.

Papá Pitufo puso a operar su organización criminal dedicada al contrabando desde mucho tiempo atrás, y no tiene por qué sorprender que a través de sus fichas haya comprado favores de funcionarios públicos tanto locales como nacionales.

Tampoco tendría el por qué recibirse con sorpresa si en algún momento se llega a conocer información relacionada con temas de financiación de campañas políticas a través de alguna empresa fachada, al fin de cuentas para que el crimen organizado funcione necesita de la amistad de la función pública en sus diferentes niveles y para esto aprovecha el que los candidatos a diferentes cargos de elección popular necesitan de dineros para pagar los gastos en lo que se incurre.

Lo anterior, es una maldición que trajo consigo las listas abiertas y la financiación privada a las campañas políticas. Muchas veces en el afán de conseguir recursos se los recibe, pero poco se indaga por el origen de la empresa benefectara, y por supuesto, después, vienen los problemas.

Esta es una realidad que al país parece darle miedo aceptar, reconocer y por supuesto hablar, porque es claro que los recursos ilegales que se mueven por el contrabando en Colombia, pueden ser muchísimo más que los que mueve el narcotráfico.

La organización de Papá Pitufo no es nueva, por tanto, no se le puede ligar ni insinuar que los vínculos que pueda tener con la política o con la función pública, corresponden a este gobierno.

Sí en verdad Colombia desea hacer un análisis serio de hasta dónde llegan los tentáculos de esta empresa criminal, tendría que coger el toro por los cuernos y mirar el asunto desde el primer gobierno elegido en Colombia en momentos en que se cambió la Constitución Política de 1991 (Cesar Gaviria) hasta el de actual (Gustavo Petro).

De esa manera se puede conocer si tuvo la influencia suficiente para modificar normas constitucionales; aprobar leyes a su favor; si financió campañas de alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara, senadores, concejales y diputados, y por supuesto, presidenciales.

También tendría que indagarse sus vínculos con la justicia local y nacional, aunque duela reconocerlo, se debe además conocer hasta donde penetró a la Fuerza Pública y a entidades como la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN).

Eso de decir o insinuar que los vínculos de Papá Pitufo son exclusivos del Gobierno Petro, corresponde a declaraciones superficiales de una oposición tonta y mal hecha, que, a decir, verdad, da risa.

Oscar Sevillano