Yo voté Sí en el Plebiscito de octubre de 2016, marché para que los acuerdos de paz se firmaran y celebré cuando le otorgaron el premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos. Para que quedemos claros. Pero fui testigo y denuncié la manera como desde el SENA, cuando fui su Directora General, se pudieron haber desviado cerca de un billón de pesos en obras de infraestructura, contratos de formación y de tecnología que se quedaron sin terminar, poniendo en riesgo financiero el futuro de esta entidad. Todo eso lo denuncié con lujo de detalles. Comprendí que para que los acuerdos de paz fueran aprobados hubo un canje maquiavélico entre el Congreso y el gobierno, usando el presupuesto de las entidades como el SENA.

Un efecto perverso de la forma como se negoció y se aprobó la paz que tiene enredada la Justicia Especial para la Paz (JEP), tiene que ver con las víctimas del conflicto que no tenían el mismo estatus de importancia de quienes negociaron la finalización de esa guerra, y que dieron por hecho, que podían pasar por encima de la dignidad de las personas más humildes. Y me explico. Violaciones, mutilaciones, abortos, abusos en contra de los cuerpos de las niñas guerrilleras quedaron sepultados en la selva y los victimarios lograron sacar adelante su agenda de “paz” al argumentar que esas atrocidades eran propias de la guerra. Pero para que haya paz se requiere un ingrediente fundamental que es el perdón y para perdonar, se necesita conocer la verdad.

Las ex combatientes de la guerrilla de las FARC, que han denunciado las atrocidades cometidas en sus cuerpos durante el conflicto, han sido valientes al alzar su voz y reclamar justicia y es exagerado que se diga que por objetar ese y otros seis puntos de la reglamentación de la JEP, se implique que la paz se vaya a destruir. Creo que más bien es responsable con la sociedad las objeciones presentadas y considerar que el crimen de la violación sea juzgado por la justicia ordinaria. Aunque sea probable que la corte lo tumbe de nuevo, considero que hay una luz de esperanza y puede que no en cuanto a los castigos del pasado, pero sí en una transformación hacia el futuro de la justicia, y es que por fin la violencia sexual en Colombia no siga siendo tratada como un delito de una categoría inferior. ¿Por qué sucede esto? Porque las víctimas son niños, niñas y mujeres, es decir, ¿una población vulnerable que es fácil de acorralar y de callar? En el conflicto de este país, los grupos armados (legales e ilegales) violentaron los cuerpos de mujeres y niñas como un trofeo de guerra.

Si la Corte Constitucional deja sin piso las objeciones a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, le mandará de nuevo un mensaje retorcido a la sociedad y que consiste en que lo que fue atroz sí lo fue, pero que quedará sin castigo, y que la sociedad lo tiene que aceptar así, buscando en últimas, que las víctimas se resignen y terminen callándose.

Al final, el tema no será solo de la JEP, porque a estas alturas es claro que esa es una discusión política con intereses y matices de todos los colores, pero sí se trata del futuro de la transformación de la justicia en sí misma.

Después de haber sido testigo de lo que vi y viví en el SENA, entiendo que la paz por las malas no entra (y menos robada), y que si queremos construir un país justo tenemos que comprender que no hay leyes, ni manipulación de la verdad, ni políticos, ni congresistas, ni victimarios, ni corruptos, ni funcionarios internacionales, ni premios nobel que logren pasar por la dignidad de las personas que saben en su fuero interno, qué fue lo que vivieron en sus propios cuerpos y consciencias.