Las últimas declaraciones del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, deja un sabor amargo y un vacío que refleja lo que será su gobierno. No es posible ni entendible que el primer mandatario que asume el próximo 7 de agosto, como cualquier demagogo, deje más dudas que certezas ante semejante reto. El reto de adoptar la paz imperfecta de Santos y que Duque, por su ego desbordado, prefirió dejar en el cuarto de San Alejo y no tomar partido.

Y es preocupante porque, primero, nombra a Iván Velázquez (no es la champeta, por si acaso están pensando en el otro jugador de futbol), como ministro de Defensa, una persona con el rancio carácter propio de quien odia a la fuerza pública y es perseguidor compulsivo de todo lo que huela a diferente para su interés personal. No es la persona adecuada para consensos mas si para desunir y rebuscar peleas donde no las hay. No es el idóneo ni en Guatemala donde lo tienen como, “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país”, tras ser declarado persona “non grata” por ese gobierno después de un entramado de corrupción al interior del mismo.

Segundo, su Alto Comisionado para la Paz será nada más ni nada menos que un consentido de la hoy senadora Piedad Córdoba. Se trata de Danilo Rueda, el mismo que en medio de la feroz campaña, donde el todo valió, visitó La Picota en compañía de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, como lo denuncio en ese entonces Ricardo Calderón. Allí, se reunieron con varios internos de gran nombre y posición ideológica a fin. Iván Moreno, ex congresista, condenado por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio. German Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir, Ronald Housini Jaller, exgobernador de San Andrés, condenado por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho. Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Manuel Antonio Carebilla, ex congresista y exgobernador del Amazonas, condenado por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica. Álvaro García Romero, exsenador, condenado por la masacre de Macayepo. Lo que ellos negociaron, se sabrá cuando inicie a dar “frutos” la paz total que están pregonado por estos días.

Tercero, no podemos dejar pasar por alto ni por bajo, el episodio donde exhibía un cartel la futura ministra de cultura Patricia Ariza en pleno estallido social. “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la minga y la primera línea”. Ella, la que manejará las riendas de la cultura como expresión artística y espiritual en un país inculto por naturaleza en su mayoría, eleva los ánimos de aquellos que alimentan su odio al establecimiento policial, aviva a los que su consigna es el todo vale y a los que el caos les encanta produciendo éxtasis y vanagloria. Más que ministros, son activistas.

Y, por último, la cereza que le faltaba al pastel: el presidente electo Petro, después de que una comunidad indígena se tomara un terreno de una azucarera, invitó a los propietarios y a los indígenas a dialogar por la paz de la regional del Cauca. ¿Quién dijo que quien tiene propiedad privada trabajada por años y de generación en generación, deban dialogar para entregar sus tierras? No señor Petro, usted dijo que no expropiaría tierras y su trino dice lo contrario. No venga a engañar con eufemismos, no juegue con la inteligencia de sus conciudadanos.

Posdata

¿Para cuándo los mensajes de solidaridad por parte del gobierno entrante y su séquito en redes sociales a las familias de los policías asesinados en las últimas semanas?

Verdad que a ellos solo les interesa la tal paz total, que no es nada más que una impunidad a gran escala, una paz planeada y ejecutada en campaña.