En Colombia en 2021, el precio de la gasolina estuvo congelado por decisión del gobierno Duque en los años de efectos de la pandemia. Era una “solución” para contener la inflación, pensada como medida de choque. Pero el costo fue monumental: un déficit acumulado de 36,7 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Combustibles, que estalló en el gobierno Petro. El remedio aplicado entonces, subidas abruptas de precios en 2023, generó una nueva ola de presiones inflacionarias, malestar social y tensiones políticas. Lo que parecía una solución terminó incubando un problema mayor (ColombiaCheck, 2023).

Esto es ejemplo sintomático de políticas que actúan sobre los efectos y no sobre las causas, que aparentemente solucionan en el corto plazo pero que agravan los problemas a futuro. Era una oportunidad para revisar no solo el modelo de fijación de precios, sino los contratos de explotación firmados con multinacionales, que obligan a Colombia a comprar su propio crudo a precios internacionales, a pesar de producir la mayor parte localmente a menor costo, lo que se traduce en grandes utilidades para las petroleras que se cubren con los mayores precios que pagamos los colombianos. Ecuador resolvió en parte este desbalance en 2010 al cambiar sus contratos y tornarlos más justos: el Estado pasó a ser propietario de todo el crudo extraído, pagando una tarifa por barril a las operadoras (Mercopress, 2010). Es un caso de cómo enfrentar las causas estructurales con políticas de largo plazo, aunque resulten impopulares o difíciles en el corto. Un análisis para tomar una decisión así, tiene que tener en cuenta todas las consecuencias relacionadas y no solo las financieras, y en especial los costos sociales que se derivan del precio de los combustibles, que son muy significativos y que impactan a la pobreza y la desigualdad (OCDE, 2013).

No se trata de un error aislado. La historia reciente está llena de políticas públicas que, al intentar resolver un problema visible, o no lo solucionan o incluso lo perpetuaron, profundizaron o generaron otros más graves. Otro ejemplo, ocurrió con el programa “Fertilizantes para el campo”, lanzado en 2022 como parte de la política de “soberanía alimentaria”. La medida, intuitiva y políticamente atractiva, buscaba reducir el impacto del alza internacional en los precios de los fertilizantes mediante subsidios. Sin embargo, fue una respuesta sintomática que no abordó el problema estructural: la alta dependencia del agro colombiano de insumos químicos importados (Portafolio, 2022). Dos años después, esa situación no ha cambiado: Colombia sigue importando casi todos los fertilizantes y no fortaleció la producción nacional ni diversificó las fuentes, ni impulsó tecnologías alternativas como biofertilizantes o mejoró la productividad en su uso. Por el contrario, fue una solución de corto plazo que reforzó la misma estructura vulnerable, sin modificar las dinámicas sistémicas que perpetúan y agravan la dependencia (El Tiempo, 2023)(Bolsa Mercantil, 2024).

Otro ejemplo más: durante la pandemia, se implementaron programas como Ingreso Solidario y el PAEF, diseñados para amortiguar la crisis económica mediante transferencias directas. Aunque cumplieron su objetivo de corto plazo, ayudar a millones de familias, la evidencia disponible, como la evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, revela que: (1) aumentaron el consumo inmediato, pero no generaron mejoras sostenibles en productividad ni formalización laboral, (2) no se articularon con políticas de capacitación, crédito productivo o estímulos a la innovación rural, (3) por el contrario, reforzaron la dependencia económica de hogares con bajos ingresos, sin promover trayectorias de desarrollo económico autónomo. Según el BID, “Ingreso Solidario mejoró el consumo, pero no generó impactos estructurales en el mercado laboral” (publications.iadb.org).

Y así podríamos mostrar muchísimos ejemplos.

Estas políticas fallaron en parte, y como lo advirtió hace más de sesenta años, el ingeniero Jay Forrester, padre de la dinámica de sistemas, porque fueron diseñadas con una comprensión equivocada de cómo funcionan realmente los sistemas sociales (Forrester, 1971). Forrester, pionero en el MIT y creador del modelo que inspiró el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma (el famoso informe Meadows), formuló una advertencia que sigue intacta: los problemas sociales no son simples, no tienen causas lineales ni efectos inmediatos, y por eso la intuición es una guía peligrosa al momento de intervenirlos. Las políticas basadas en lo “evidente”, en lo que suena lógico o popular, suelen producir resultados contraproducentes porque no tienen en cuenta las múltiples interacciones, retroalimentaciones y retrasos que caracterizan a los sistemas complejos.

En otras palabras: lo que parece una solución puede ser parte del problema. Y lo que realmente funcionaría, como replantear a largo plazo los contratos petroleros, reorientar la agricultura nacional hacia la no dependencia de insumos importados, o reorientar los gastos en subsidios a inversiones sociales que ayuden a que las personas necesitadas puedan generar valor para sí mismos y a la economía, requiere visión de largo plazo, inversiones constantes, sacrificios en el corto plazo y decisiones políticamente costosas. Por eso, en la práctica, se evitan.

Forrester no se quedó en la crítica. Propuso una herramienta poderosa: la modelación computacional de sistemas sociales para anticipar comportamientos, evaluar políticas y tomar mejores decisiones. Lo aplicó a la dinámica poblacional, al uso de recursos naturales, a la contaminación, al crecimiento y los sistemas urbanos. Y aunque sus modelos fueron objeto de debate, el tiempo le dio la razón en lo esencial: cuando no se simulan las consecuencias de las decisiones, no se comprende la complejidad sobre lo que actuará la política pública, y finalmente las sociedades pagan caro los errores.

Aparentemente la solución sería que los dirigentes tuvieran conocimientos sobre dinámica de sistemas y la complejidad de los sistemas sociales. Pero esta solución cae en el mismo problema que Forrester advirtió.

El fracaso de muchas políticas no se debe solo a la falta de capacidad técnica o al desconocimiento de herramientas como la dinámica de sistemas. Se debe también, y quizás, sobre todo, a la estructura misma del poder político. La mayoría de las decisiones en el sector público se toman dentro de una lógica jerárquica que concentra el poder en quienes han sido elegidos o nombrados por razones políticas, no técnicas. Muchos de ellos operan bajo lo que podríamos llamar una pseudo-sapiencia instantánea que “aflora” al ser elegidos o nombrados, azuzada por colaboradores aduladores y asesores complacientes, una rendición de cuentas no profunda que no verifica ni castiga la falta de cumplimiento de metas anunciadas con bombos y platillos, y un sistema judicial precario que rara vez sanciona los errores por incompetencia.

A eso se suma gravemente una cultura política centrada en el corto plazo, donde la urgencia electoral impone decisiones inmediatas, y la corrupción distorsiona la selección de proyectos mal concebidos y no madurados. No se privilegian las políticas que resuelven problemas estructurales, sino las que generan contratos rápidos y titulares favorables.

La recomendación que Forrester de formar a quienes toman decisiones en el pensamiento sistémico, en la lógica de las retroalimentaciones y los rezagos, y en la anticipación de efectos no deseados, sigue siendo válida, pero no es suficiente. Antes de exigir formación en dinámica de sistemas, necesitamos cambiar el marco de incentivos, las reglas del juego y las estructuras de gobierno que hoy hacen imposible el buen juicio.

Enfrentamos los problemas como quien improvisa sobre una partitura que no ha leído. Y cuando el concierto suena mal, cambiamos de director, pero no de partitura. Forrester lo advirtió hace décadas: sin entender la complejidad del sistema, sólo pulimos los síntomas. Y cada elección parece una promesa, hasta que se convierte, otra vez, en decepción.

Rafael Fonseca