La semana pasada se vieron las imágenes de un puente destruido en Antioquia sobre el río Tonusco, a la entrada de Santa Fé de Antioquia, sobre la carretera que une a Medellín con Turbo. Como es un puente en problemas, otro más, de inmediato saltan las preocupaciones de qué está pasando con estas estructuras en el país. Y este puente es relativamente nuevo. (El Colombiano, 2023)

El Gobernador Aníbal Gaviria aprovechó la situación para reafirmar su propuesta de que le entreguen a la Gobernación de Antioquia la administración y operación de concesiones nacionales, “para tener una vigilancia más activa y rigurosa sobre los contratistas y sobre las obras” (X, 2023).

Lo que dice el Gobernador se traduce en que la ANI, su concesionario Devimar y el interventor, hacen mal su tarea y que en manos de la Gobernación las harían mejor. Se entiende que el Gobernador sugiere que, ante los varios días en los que las corrientes del río Tonusco golpearon constantemente el estribo del puente, hasta que destruyó su aleta protectora y posiblemente fracturó el estibo mismo, según se puede apreciar en las fotos, él y su equipo hubieran desviado las aguas para parar el ataque al estribo; asunto que no hizo ni la ANI ni Devimar “por no estar en el territorio”. Lo que quiere decir es que no están en el territorio porque la ANI está en Bogotá.

Analicemos estas frases del Gobernador:

Si la concesionaria no está en el territorio de su concesión, es como el dueño de la tienda que no está en su tienda. El concesionario tiene desplegada permanentemente sus empleados a lo largo y ancho de la concesión, tiene monitoreo y análisis de todos sus puntos álgidos y además tiene los ojos de los empleados del interventor en la nuca. Así es que la vigilancia más activa no es un asunto que tenga que ver con las oficinas de la Gobernación en Medellín, más cerca que las de la ANI en Bogotá. Podría ser que la ANI tuviera que revisar ese “más activa” pero no depende de dónde queden sus oficinas cuando hay tantos empleados y funcionarios en el territorio de la concesión. Este tipo de razonamientos se catalogan como una falacia de composición.

Si a un río crecido, con varios días golpeando una estructura, se le pudiera desviar para defender el estribo (en este caso), lo más probable es que el concesionario lo hubiera hecho, sin ahorrar esfuerzos, porque es el doliente principal, debido a que le tocará pagar los arreglos del puente hasta que quede funcional nuevamente. Esa es la gracia de las concesiones; de hecho, sin esta responsabilidad las concesiones no tendrían gracia. Al sugerir, además, que el desvío se haría durante esos pocos días, es inverosímil. Difícilmente está hablando el Gobernador de una situación real, pero le permite encuadrar un argumento que quiere esgrimir para soterradamente abogar por su regionalismo, que ya sabemos, produce votos. A esta se le conoce como falacia de encuadre.

Si la vigilancia más activa y rigurosa, como “argumenta” el Gobernador, significa quitarle responsabilidades a la interventoría de la concesión, pues entonces, el Gobernador está proponiendo que se releve el esquema de control que se ha practicado en los contratos estatales desde tiempo atrás y en forma generalizada, y digamos, con éxito relativo a su alternativa, que es mediante los funcionarios ejerciendo esa función. No se ve real tampoco, que en unos contratos tan grandes y con tantos temas técnicos, administrativos y jurídicos, y las enormes cantidades de trabajo que implica, se vaya a prescindir de la interventoría. Y si se hiciera, el riesgo de no vigilancia, ni activa ni rigurosa se tornaría inminente, con muy probables impactos en miles de millones de pesos. Pareciera que el Gobernador Gaviria desconociera el alcance de estas funciones y de los riesgos que se correrían. Esta pareciera ser una falacia ad silentio, porque concluye sin evidencia.

Es probable que el río se esté saliendo de su curso normal, por efectos de las explotaciones de materiales de río con destino las construcciones, en Medellín, entre otros destinos. Puede haber otras razones, incluso naturales, como que los ríos cambian de curso de cuando en cuando, pero si fuera por la explotación en sus playas estaríamos ante una inacción preventiva a cargo de la autoridad local de gestión de riesgo de desastres, de la cual, el Gobernador es cabeza y responsable. Y ahí, cerca, en el territorio como él mismo sugiere que debe ser. ¿Qué pasó con aquello de la vigilancia más activa y rigurosa?

Lo que sí se ha demostrado, con miles de casos y billones de pesos robados, es que la loable y bien intencionada reforma descentralizadora de la Constitución del 91 multiplicó, y de qué forma, la corrupción en la contratación pública. Lo cual, va en contravía de la lógica que esgrime el Gobernador en este caso, en forma oportunista. Lo que hay que arreglar primero es la corrupción. Lo que menos importa es que una vía la administre y opere una entidad del Gobierno Nacional o del Gobierno Departamental.