En mayo de 2023, la Cancillería declaró desierta una licitación por casi 600 mil millones de pesos destinada a la producción de pasaportes, luego de múltiples denuncias de amaños que favorecían abiertamente a la firma Thomas Greg & Sons. Hoy, un año después, ese episodio no puede considerarse aislado ni anecdótico. Revela un problema estructural que el país no puede seguir tolerando: la captura de funciones estratégicas del Estado por parte de un solo contratista que, además de producir nuestros pasaportes, controla también la logística de las elecciones nacionales.

Desde 2007, Thomas Greg & Sons ha tenido el control exclusivo de la elaboración de pasaportes en Colombia, gracias a contratos prorrogados sin competencia real durante casi dos décadas. El más reciente, declarado irregular por la Procuraduría, ascendía a 599.651 millones de pesos y fue revocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que siete competidoras se retiraran de la licitación, denunciando requisitos amañados y condiciones que solo podía cumplir la empresa adjudicataria. Más grave aún, esta misma firma es hoy responsable de la logística de las elecciones de 2026, gracias a un contrato adjudicado por 2,1 billones de pesos. Sumados, los contratos que ha obtenido Thomas Greg & Sons con el Estado colombiano superan los tres billones de pesos. Se trata de una concentración de poder económico y funcional que debería alertar a todas las instituciones democráticas.

El país ha sido testigo de múltiples advertencias sobre este monopolio silencioso. No solo por las irregularidades que han salido a la luz —como la sanción contra el canciller Álvaro Leyva por haber prorrogado el contrato al margen del Congreso—, sino también por los riesgos que conlleva confiar a un solo operador privado funciones tan sensibles como la producción de documentos de identidad o el manejo de sistemas informáticos en procesos electorales. El presidente Petro ha sido enfático: en ninguna democracia seria se puede permitir que una sola empresa maneje, al mismo tiempo, la producción de pasaportes y la infraestructura electoral. El riesgo de un «fraude monumental», como lo ha denunciado, no es sólo técnico: es político, institucional y de soberanía.

Algunos han salido a matizar la gravedad de la situación, afirmando que Thomas Greg no tiene acceso directo a las bases de datos, sino que presta un servicio bajo supervisión estatal. Pero esa es una defensa pobre. La dependencia tecnológica, la ausencia de alternativas competitivas y la incapacidad del Estado para asumir estas tareas por sí mismo son, en sí mismas, amenazas a nuestra soberanía. Colombia no puede seguir dependiendo de una sola firma para garantizar derechos tan básicos como el de tener un pasaporte o el de votar libremente.

Por eso, respaldo la decisión del Gobierno Nacional de pausar los contratos y abrir el debate sobre la nacionalización de la producción de pasaportes. Esta no es una discusión técnica ni contractual, es una discusión profundamente política. El país debe invertir en fortalecer su capacidad institucional, y para ello es fundamental dotar a la Imprenta Nacional de Colombia de las herramientas necesarias para asumir esta tarea. Sabemos que no será inmediato, pero es un camino correcto y urgente.

Colombia no puede resignarse a la continuidad de contratos amarrados, ni seguir siendo rehén de empresas que han convertido funciones públicas en negocios privados. La defensa de nuestra democracia y nuestra soberanía exige que recuperemos el control sobre funciones esenciales del Estado. La producción de pasaportes debe volver a manos públicas. La logística electoral debe estar libre de conflictos de interés. Y el Congreso, que representa la voluntad del pueblo, debe asumir su responsabilidad para garantizar que esta transición sea una prioridad nacional.

Alejandro Toro