Era previsible desde la posesión presidencial de Duque lo que se nos venía en materia de garantías para el ejercicio de la oposición con Ernesto Macías presidiendo el Senado de la República. Todos recordamos el episodio: mientras Duque, guardando los buenos modales, convoca protocolariamente a la unidad del país, Macías, en tono disonante llamaba a la vindicta contra los contradictores del uribismo; hasta algunos copartidarios se apartaron de aquel discurso pendenciero y públicamente lo rechazaron.

Después de lo anterior, la seguidilla de comportamientos y declaraciones polémicas no se hizo esperar. En actitud arrogante le apagó el micrófono a la estudiante de la Universidad Nacional sin concederle un tiempo prudencial para que terminara su intervención como es la usanza del Congreso, y al cabo de tres meses de iniciado el periodo presidencial de Duque, sorprendió con su propuesta de prolongarle su mandato con un año más.

Sumémosle a lo anterior, la molestia con la Corte Suprema de Justicia por  conminar al Senado a tramitar con urgencia el caso del Magistrado Malo; las declaraciones descalificadoras hacia el Procurador al  señalar que su postura frente a las objeciones a la JEP obedecían a una agenda política, pues la Procuraduría había estimado las objeciones de inoportunas e inútiles; la expresión vulgar ante las resultados en las votación de las objeciones a la JEP que dio sin haber cerrado los micrófonos, entre otros hechos vergonzantes.

Desde luego que el Senador Macías tiene  derecho a manifestar públicamente sus posturas políticas, así sean extravagantes y cuestionables, con frecuencia. El problema es otro. Es que las mesas directivas, además de las funciones que le impone la norma contenida en la Ley 5 de 1992 y el  Estatuto de la Oposición, deben tener el propósito político general de propiciar el mayor ambiente democrático posible en la discusión y votación, no solo de las leyes, sino en los debates de control político y mociones de censura. Aquí la tolerancia y una mentalidad abiertamente democrática deben ser rasgos personales de quien preside alguna de las cámaras del Congreso. Rasgos que a mi juicio, no cumple el Senador Macías. Lo uno va de la mano con lo otro: no se puede pretender tener un comportamiento democrático, garantista y respetuoso de la oposición cuando se tiene en la cabeza el odio al contradictor y el prejuicio contra todo lo que subjetivamente “huela a izquierda”.

Y es que en este rubro, el del garantismo, pienso que el balance no es el mejor. Como la idea de este escrito no es mostrar el largo prontuario de situaciones polémicas en que se ha visto inmiscuido el Senador Macías, sino hacer un balance de la “era Macías” en la presidencia del Senado, un esfuerzo de recorderis nos podría fundamentar este balance.

Primero, cuando la mesa directiva del Senado, por él presidida, negó la moción de censura contra el Ministro de Hacienda Carrasquilla en torno a los “bonos del agua”, además, del intento abusivo de repartir de manera ilegal el tiempo de los citantes con el del Centro Democrático, tal como lo denunció y detalló con lujo de detalles el Senador Jorge Robledo. Luego vino el episodio grotesco en  el debate sobre Odebrecht y la actuación del Fiscal Martínez en esta trama de corrupción. Aquí se violó descaradamente la Ley 5 cuando el Señor Eduardo Pulgar, en delegación del presidente Macías, levantó  irreglamentariamente la sesión,  impidiendo así, de manera calculada, las réplicas de la oposición y fundamentalmente evitar que los citantes cerraran con sus conclusiones el debate como lo dice la norma, y adicionalmente,  impedir que el Senador Gustavo Petro replicara al video presentado por la Senadora Valencia.

Con su comportamiento frente a las objeciones presidenciales a la JEP, el presidente del Senado le puso una cereza al pastel de sus arbitrariedades, primero, con su intención de invalidar mediante tutela la votación de la Cámara y luego, con su actitud dilatoria de convocar a votación al Senado. Esto y lo referido a los debates de control mencionados, rayan en un comportamiento saboteador, reprochable en alguien que preside el Congreso de la República.

Es que los derechos de la oposición no se limitan al derecho básico de concedernos la palabra como lo insinuó en su momento el Senador Macías o asignarnos debates de control político, así sea en cantidades mayores que a los partidos de gobierno, pues las garantías implican, no en formalmente citar los debates, sino en ofrecer las mejores condiciones para su desarrollo.