He escrito previamente sobre el tortuoso camino a la creación de las curules especiales de paz, punto 2 del Acuerdo de Paz, y los riesgos que se venían presentando en su implementación. Esta innovación institucional debía contribuir a reparar el daño sufrido por las víctimas de décadas de conflicto armado en Colombia, que tiene entre sus causas la profunda exclusión política.

Pero por meses hubo alertas de que lograr el objetivo de las curules estaba en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales señalados de todo tipo de intimidación en los territorios de influencia de las circunscripciones. Dado que el gobierno de Iván Duque no movió un dedo para corregir la situación, no sorprendió la  recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insistiendo que se tomaran medidas preventivas para garantizar en las circunscripciones especiales el ejercicio de las actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y todo tipo de violencia. Ahora los resultados de las elecciones del 13 de marzo – hasta la fecha 11 de las 16 curules han sido confirmadas – nos da la razón a quienes nos preocupamos, a la vez que ofrecen semillas de esperanza en algunas zonas.

Desde mi perspectiva de abogado y defensor de derechos humanos, lo más grave de los resultados, es la elección como “representantes de las víctimas” de personas conocidas por su cercanía con paramilitares y parapolíticos. La elección de Jorge “Yoyo” Tovar, hijo del exjefe paramilitar “Jorge 40”, uno de los perpetradores más brutales del conflicto, es el ejemplo que más ofende. Tovar ganó en la circunscripción 12 donde pocos días antes de la elección renunciaron 17 candidatos por falta de garantías. Como si esto no fuera una suficiente bofetada a las víctimas de su padre, se alega que su familia se beneficia del contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas en César y que la Unidad de Víctimas le hizo campaña. Huele a corrupción.

Para la Cuenca del Caguán fue elegido Jhon Freddy Nuñez Ramos, denunciado por presuntas inhabilidades y por su cercanía con parapolíticos, hecho que motivó una solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. Previamente el propio Núñez demandó el acto legislativo que revivió las curules de paz. En el Chocó ganó James Hermenegildo Mosquera, candidato denunciado por las organizaciones de víctimas del departamento por irregularidades y por su presunta cercanía con el Clan Sánchez, una casa política del departamento con varios de sus integrantes condenados por corrupción y vínculos con paramilitares.

En Arauca, donde la brutalidad del conflicto exige que las víctimas tengan voz, la elegida Karen Astrid Manrique Olarte está señalada de ser ficha del tradicional Partido Liberal en vez de ser representante de víctimas. Haiver Rincón, elegido para Sur de Tolima, aparentemente ganó con apoyo del Partido Conservador, que levanta preocupación por su cercanía con el Clan Barreto en el Tolima.

Es así que, como destaca El Espectador, hay serios cuestionamientos de 5 de los candidatos escogidos,  por los apoyos a través de los cuales fueron elegidos, en un contexto en el que el Estado no cumplió con su obligación de girar los recursos destinados a la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz. ¡Qué desgracia!

Frente a este panorama, debo resaltar los resultados que ofrecen algo de esperanza. Juan Pablo Salazar Rivero, elegido por Alta Patía y Norte del Cauca, es un líder comunal que ha recibido constantes amenazas a su vida. Fue entre los autores de una tutela que logró detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en varios municipios del Cauca. En Meta-Guaviare, el líder campesino William Ferney Aljure Martínez derrotó a las maquinarias políticas. Y en el río Naya del Pacífico, ganó Orlando Castillo Advíncul, comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de la Ley 70 de 1993 que reconoce la propiedad colectiva de las comunidades afrocolombianas. Por lo menos en estas zonas, comunidades con gran capacidad organizativa triunfaron a pesar de todo.

El nuevo Congreso de la República enfrentará enormes desafíos. El futuro del país depende de que encuentre el camino para asegurar la plena implementación del Acuerdo de Paz. La contribución de los curules de paz está por verse. Lo cierto es que hay que darle seguimiento riguroso para tratar de limitar el daño de haber permitido que varias curules cayeran en manos de personas con nexos con paramilitares, corruptos y partidos políticos tradicionales.