Este articulo lo escribí en 2007 y no le voy a cambiar una sola coma porque creo que la gran mayoría de los gobiernos de Colombia, del pasado y presentes, tienen la costumbre troglodita de nombrar “primera dama”. Lo hacen los presidentes, los gobernadores, los alcaldes y algunos funcionarios públicos que ocupan cargos importantes; costumbre que se ve cuestionada cuando se elige una mujer para desempeñar tales funciones. En ese momento a nadie se le ocurre tener un despacho para el “primer caballero”.
Con la elección de alcaldesas y gobernadoras en Colombia, se pone en evidencia que con las votaciones democráticas los pueblos eligen presidentes, gobernadores y alcaldes y no a sus esposos, esposas, madres y demás familiares, quienes deberían continuar su vida laboral y profesional sin entrometerse en las funciones del Estado, a no ser que ya estuvieran cumpliendo tales tareas. Ahora, si a estos familiares se les nombra en cualquier cargo del Estado por sus conocimientos, los funcionarios elegidos podrían estar incurriendo en nepotismo.
En algunos casos, para defender estos “cargos” que cuentan con oficinas, funcionarios asignados, vehículos y demás recursos públicos, se argumenta que el trabajo que desarrollan estos familiares es ad-honoren y lo hacen por el bien público. La pregunta que hay que hacer es: ¿Por qué no lo hacían antes de la elección del funcionario?.
Suele suceder que a la “primera dama” se le asignan labores sociales, tareas que algunos, de manera errónea, consideran poco importantes y que no requiere de la dedicación especial del funcionario elegido. En este campo se cometen muchos errores. Es el caso de la asignación de responsabilidades a la “primera dama” en temas tan importantes y delicados como la atención de los problemas de familia, mujeres, niños, niñas, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, sin que tenga conocimiento de esos temas y solo porque es mamá y por ser la esposa del funcionario (si no tienen esposa designan a la mamá o a una hija).
Por esta consuetudinaria y obsoleta costumbre nuestros Estados hoy no cuentan con una política pública en esta materia, la cual debería estar liderada por los presidentes o por los mandatarios locales, independientemente de que sean hombres o mujeres. Hay que tener en cuenta que la violencia al interior de los hogares es una de las causas más importantes de la violencia. Antes que la pobreza y el desempleo, lo que alimenta y mantiene la violencia es el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, como lo aseguran algunos expertos. Quien crece maltratado ejercerá violencia como adulto.
Por otro lado, este tipo de cargos entorpece el normal y racional funcionamiento del Estado, en la medida en que la “primera dama”, con conocimiento o sin el, se mete de manera indebida en funciones que le corresponden a algunas entidades que sí cuentan con funcionarios profesionales para desempeñarlas.
Desde todo punto de vista, este cargo no debería existir, la sola presencia de estos familiares desempeñando funciones de Estado y cerca al poder se presta para corrupción o para no hacer las cosas en el marco del ordenamiento legal. Son muchas las ocasiones en que las instituciones y los funcionarios profesionales han tenido que oír que hay que hacer esto o aquello porque la “primera dama” lo ordenó. ¿De cuándo acá ellas, o cualquier otro familiar del funcionario elegido, tienen poder legal o constitucional para dar órdenes a los funcionarios del Estado?. Esos cargos ad-honoren son nada funcionales y le salen muy costosos al Estado y a la sociedad.
Si se continua con esta costumbre arcaica y por un momento las mujeres elegidas decidieran nombrar un “primer caballero”, ¿cuáles serian las funciones que este señor desempeñaría?. Se oyen propuestas”.