“Apreciados bogotanos, nuestra ciudad y nuestras familias están bajo amenaza criminal y terrorista (…) criminales y organizaciones terroristas de todo tipo tienen a Bogotá como su principal objetivo”, con esa tajante sentencia la Alcaldesa de Bogotá inició su anuncio en el que le informa a la ciudadanía sobre las 10 medidas que tomó para combatir los problemas de la seguridad en la ciudad.

Entre estas 10 medidas anunció la prohibición de acompañantes (parrilleros) de motos durante tres días de la semana: jueves, viernes y sábado en el horario de 7 pm a 4 am.

Tal anuncio ha provocado durante esta semana diferentes movilizaciones y protestas por parte de los conductores y pasajeros de motos de la ciudad, quienes han alegado legítimamente que esto restringe su derecho a la movilidad y el desarrollo normal de sus actividades productivas, y que además esta restricción que los perjudica enormemente, y que, por supuesto no fue dialogada con ellos, no va a reducir los problemas de seguridad de la ciudad.

Y es que, en efecto, un estudio reciente del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes demostró que, aunque en 19 ciudades del país se han implementado medidas para prohibir los acompañantes de las motos con el propósito de reducir el crimen, no hay evidencia empírica que demuestre que estas medidas son efectivas.
En particular, el estudio demuestra que en los casos en que ha habido restricciones horarias a los parrilleros (como en la propuesta de la Alcaldesa), lo que ha sucedido es que las acciones criminales se han trasladado a otras horas del día, pero que, en definitiva, los índices de criminalidad no cambian sustancialmente.

Entonces, al evidenciar el fracaso anunciado de este tipo de medidas, ¿cuál debe ser el enfoque de la política de seguridad ciudadana en Bogotá? La propuesta que hemos defendido y que ha mostrado ser exitosa en esta ciudad es que la política de seguridad debe basarse en un enfoque de cultura ciudadana.

Esto quiere decir, emprender acciones de política que (1) posibiliten la creación de confianza en la ciudad, entre los integrantes de la sociedad y entre la sociedad y sus instituciones; y (2) fomenten la regulación individual, social y legal de las acciones y comportamientos violentos que son el motor de la inseguridad ciudadana.

Esto implica instituciones, funcionarios públicos y ciudadanos admirables, dialogantes, que hacen y cumplen acuerdos, que están dispuestos a aceptar llamados de atención de otros y reparan sus errores. Eso implica también ciudadanos e instituciones que rechazan tajantemente la violencia, que dan ejemplo con sus acciones, que toleran y fomentan la diversidad y que participan activamente a través de diferentes tipos de expresiones -artísticas, por ejemplo- en la construcción y apropiación de su ciudad para atajar las expresiones violentas.

Pero también implica, en presencia de estructuras de crimen organizado, una institucionalidad audaz, capaz de hacer un diagnóstico a profundidad sobre las estructuras del crimen en la ciudad, que entienda los motivos y los propulsores de las acciones violentas de esas organizaciones.

Eso es también una institucionalidad abierta y dialogante, que haga acuerdos ciudadanos por la vida, que establezca vasos comunicantes con las universidades, con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la comunidad, para entender el delito y los factores que desencadenan la violencia.

En cualquier caso, las medidas extremas y prohibitivas no son sostenibles en el tiempo; no solucionan las causas que estructuran y promueven el delito y la violencia en la ciudad. Necesitamos un enfoque que se base en la confianza, en el diálogo y en el respeto de la vida.