Las capturas de los expresidentes del Congreso, senador Iván Name (Alianza Verde) y representante Andrés Calle (Partido Liberal), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han desatado un terremoto político que sacude los cimientos del Legislativo, cuestiona las reformas del gobierno Petro y expone la fragilidad institucional de Colombia. Los delitos imputados por la Corte Suprema —peculado (desvío de recursos públicos) y cohecho impropio (soborno a funcionarios)— no solo revelan un entramado de corrupción sistémica, sino que plantean interrogantes críticos relacionados con la afectación a la gobernabilidad, a la credibilidad de las instituciones y a la ya maltrecha confianza ciudadana.

La Corte Suprema detalló en las órdenes de captura que los 4.000 millones de pesos desviados de la UNGRD se destinaron a dos fines esenciales: “impulsar” la aprobación de las reformas de salud y pensional (convertida en la Ley 2381 de 2024) y, según confesión de la exconsejera Sandra Ortiz, asegurar la elección del magistrado Vladimir Fernández en la Corte Constitucional con $3.000 millones que habrían sido para Name —expresidente del Senado— y 1.000 millones para Calle —expresidente de la Cámara—, desvelando un esquema en el que el gobierno Petro, aparece vinculado a las mismas prácticas clientelistas que denunció en su campaña.

El escándalo adquiere mayor gravedad al involucrar a Fernández, magistrado cuya elección se habría financiado con parte de estos recursos ilícitos. Hoy, él mismo debe revisar la constitucionalidad de la reforma pensional, generando un conflicto de interés insostenible que mancha la imparcialidad del máximo tribunal. Esta situación, sumada a la parálisis legislativa por las curules vacantes de Name y Calle —bajo la figura de la «silla vacía»—, refleja una institucionalidad capturada por intereses espurios, incapaz de autorreformarse.

El presidente Petro ha intentado desmarcarse, tildando a los capturados de «ladrones que robaron al gobierno». Sin embargo, su narrativa choca con la realidad jurídica: para que exista cohecho impropio, se requiere la participación activa de dos actores —el que entrega el dinero y el que lo recibe—, es decir que son igual de corruptos los del gobierno que entregaron como los congresistas que recibieron el dinero público. Al evadir este punto, Petro no solo diluye su discurso anticorrupción, sino que alimenta la percepción de doble moral, especialmente tras su silencio sobre Calle, su aliado estratégico en la Cámara de Representantes.

Esta ambigüedad ha sido aprovechada por la ultra-oposición, sectores como el Centro Democrático se presentan como alternativas «éticas»que pretende capitalizar el descontento ciudadano, aunque históricamente está vinculado a escándalos similares. Mientras tanto el Pacto Histórico enfrentará un efecto desplome por su asociación indirecta con el caso y arrastrará a Petro quien en vísperas de elecciones está atrapado entre su discurso reformista y la realidad corrupta de su entorno político.

En cuanto a las decisiones judiciales, la fiscalía presenta cuatro líneas de investigación que irán apareciendo en el panorama nacional por capítulos: 1. Contratos de carrotanques en La Guajira (vinculando a Name, Calle, Carlos Ramon González, Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneyder Pinilla). 2. irregularidades en el Ministerio de Hacienda (Ricardo Bonilla, Alejandra Benavides). 3. reuniones del Ministerio del Interior, y por último los Desvíos en el Departamento Administrativo de la Función Pública (César Manrique, Pedro Rodrigez) donde se habrían repartido coimas por más de $100.000 millones. Por los lados del congreso se esperan más de 6 próximas capturas asociadas a la comisión interparlamentaria de crédito público.

Estas capturas sugieren que el caso apenas comienza, y que las delaciones de ex funcionarios presidenciales como Sandra Ortiz apuntan a una red de corrupción de cuello blanco que involucra operadores políticos y contratistas de alto nivel. Cada nueva captura no solo profundizará la crisis, sino que también incrementará los eslabones de corrupción que revelarán cómo el sistema político colombiano sigue operando bajo lógicas de transacción ilegal.

El escándalo de la UNGRD no se puede considerar un hecho aislado, sino un síntoma de una democracia enferma por la corrupción que se extiende desde el Legislativo hasta la justicia. La «silla vacía» de Name y Calle simboliza la parálisis de un Congreso deslegitimado, mientras la Corte Constitucional pierde autoridad al tener a Fernández como juez y parte. Petro, lejos de encarnar el «cambio», navega en un mar de contradicciones que lo alejan de su base electoral y lo acercan al desgaste de sus predecesores.

Entre tanto, Colombia enfrenta un dilema moral: o impulsa una depuración real de sus instituciones —con reformas estructurales y justicia independiente— o seguirá atrapada en el círculo vicioso de la corrupción, donde cada gobierno repite los errores del anterior. Las elecciones de 2026 serán la prueba de fuego para un electorado que, hoy más que nunca, reclama liderazgos íntegros y reprocha el realismo mágico.

Luis Fernando Ulloa