Hace un par de días, después de una conversación experta sobre los escenarios electorales del 2023, quise volver a la pregunta básica de por qué el país continúa votando por candidaturas corruptas. Durante muchos años pensé que había una relación de cooptación, donde grupos de personas inescrupulosas, clanes, consorcios, élites tenían capturado el aparato político y no permitían su renovación. Estoy convencida de que esto es parcialmente cierto. Pero no es lo único. De ser así, algo habría cambiado después de que cientos de políticos terminaron condenados y en la cárcel por sus relaciones con paramilitares. Y no pasó.
A veces pensamos equivocadamente que cambiar las reglas es cambiar la realidad. La reforma política que presentó el gobierno y que probablemente se caiga pronto (ojalá) es la materialización de esta equivocación. Sin demasiada evidencia se anuncia que las listas cerradas mejorarán la inclusión democrática en el Congreso de la República y que incluso bajarán los costos de campaña. Hay muchas razones por las que esto es falso, pero voy a tratar de exponer algunas.
Primero, Colombia tiene partidos políticos con bajísima democracia interna. De hecho, la definición de candidaturas del exitoso partido liberal las hace el directorio con base en un solo criterio: ganar. Del lado de los candidatos, los que ya tienen una curul, los que cuentan con un equipo de trabajo pago desde el congreso (UTL), los que tienen más recursos – usualmente hombres blancos o mestizos – no tienen ningún inconveniente en encontrar un aval, sacar un crédito bancario e incluso financiar la campaña de otras personas de su colectividad. Que la lista sea cerrada no modifica ninguno de estos mecanismos. Por el contrario, se vuelve casi imposible que el partido político incluya personas con representación y reconocimiento político por encima de los grandes negociadores de votos. Las pocas personas que se incluirán serán personas que llegan con un muy alto reconocimiento público nacional que atrae el voto libre.
Segundo, la lista cerrada sólo sirve para el Congreso y probablemente no haga que se vayan de la política los grandes barones o baronesas electorales, jefes de clan. Si algún grupo de poder, dígase los Char en el Atlántico, necesitan ubicarse en los primeros lugares de la lista únicamente tienen que hacer un par de llamadas. Son los operadores políticos más grandes de la costa atlántica, controlan gran parte del empleo público en la región y si un partido los llegara a rechazar, otro con mucho gusto los incluirá. Tercero, aún con la paridad existe la posibilidad que dichos operadores políticos rellenen las listas con mujeres que los sigan considerando sus jefes políticos, y no con mujeres con agencia colectiva o con voces críticas. Las mujeres en la política, independientemente del partido político, tienen barreras de acceso muy altas que se van a mantener en tanto se le va a otorgar un poder infinito a las jefaturas de partido. Así que en esto tampoco se avanza.
Los congresistas en Colombia son de lo más importante que hay en la sociedad. En sus regiones y comunidades son los únicos que intermedian con el Estado para que haya más recursos y el trabajo de miles de personas depende de ellos. Les pagamos sueldos muy altos, un equipo de trabajo que en otros lugares lo provee el partido político, les damos el transporte y los llenamos de privilegios. Ante un aparato tan poderoso es bastante ingenuo pensar que no se acomodarán a una nueva norma que les quite incluso la presión de competir por los votos. Todo sumaría a su favor. Incluso el clientelismo entraría a tener un papel primordial para darles más herramientas cuando necesiten ganar una pugna política interna. Guatemala creyó que con el mecanismo de lista cerrada mejoraría la democracia y está más que demostrado que esto no sucedió.
¿Quiere decir esto que no hay nada que se pueda hacer? Por el contrario, hay muchas herramientas que reafirman y promueven la democracia interna de los partidos políticos y que pueden tener muy buenos resultados, como la financiación política colectiva a movimientos sociales, mujeres, minorías, y grupos de especial interés para la inclusión, o como los mecanismos que promueven escuelas de liderazgo juvenil y promueven la renovación de los aparatos políticos. También hay que empezar la discusión de quitarle a los congresistas algo de su importancia y restarles ese poder infinito de intermediación de recursos y burocracia a cambio de gobernabilidad. Pero supongo que eso sí sería mucho pedir para esta navidad.
Laura Bonilla
Politóloga
