El cierre del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública IV (CCE-241-AMP-2021) representa, sin lugar a dudas, una de las decisiones más incomprensibles en la política reciente de compras públicas. Colombia Compra Eficiente había anunciado, tras las observaciones de la Procuraduría y de la ciudadanía, que el camino lógico sería prorrogar el acuerdo vigente mientras se ajustaba el proceso. Sin embargo, el 1 de septiembre, en contravía de su propia narrativa, mediante un escueto comunicado, anunció la terminación definitiva. El resultado es dejar a cientos de entidades públicas sin un canal ágil para adquirir servicios de nube pública, uno de los insumos más utilizados para datos en el Estado contemporáneo. Todo muy raro.

El impacto fue inmediato: ministerios, hospitales, universidades públicas, superintendencias y alcaldías que dependían de este acuerdo, ahora deben recurrir a engorrosas licitaciones individuales. Llama la atención que días antes del vencimiento del acuerdo marco, se expidió una Directiva presidencial invitando a entidades nacionales a contratar los servicios de tecnología a través de Internexa, entidad mixta que permite hacerlo de manera directa.

La estructuración de cada proceso individual puede tomar meses, elevar costos, reducir la competencia, y lo más grave, exponer a las entidades a riesgos de interrupción tecnológica en áreas críticas: la historia clínica digital, la nómina estatal, la justicia en línea, el recaudo tributario, entre otros. Es un retroceso significativo al ser este un servicio que se beneficia de economías de escala.

El contraste internacional no podría ser más evidente. Chile Compra ha consolidado su transición a la nube, mediante acuerdos marco, sin disrupciones. La Comisión Europea firmó contratos marco plurianuales con proveedores de nube para garantizar continuidad con diversificación tecnológica. Incluso en Estados Unidos, donde la competencia es feroz, se han creado instrumentos como “Cloud Smart” que dan estabilidad jurídica, mientras se avanza en la transición digital. En Colombia, en cambio, se eligió la ruta de la improvisación sobre la certeza.

Frente a este giro sorpresivo, resulta inevitable preguntarse: ¿por qué una entidad que había anunciado públicamente la necesidad de prórroga opta, de un día para otro, por el cierre definitivo? ¿Hubo presiones políticas? ¿Se intentó debilitar a ciertos proveedores en medio de tensiones geopolíticas con el gobierno de Trump? ¿Se buscaba abrir espacio a jugadores europeos o asiáticos? Si la intención era reconfigurar el ecosistema de la nube pública en el país, se escogió el peor camino: sacrificar la continuidad de la transformación digital del Estado. No es claro que se recibe a cambio.

Es legítimo exigir mayor diversidad de proveedores, reglas más claras y evaluaciones periódicas en los acuerdos marco, pero una entidad cuya misión es ofrecer certeza, transparencia y eficiencia no puede cambiar las reglas cuando el partido está en juego. Lo extraño es que, en lugar de corregir sobre la marcha, se dejó al país en el limbo.

Cuando la nube pública se oscurece de esa manera, uno tiene derecho a sospechar que detrás de la tormenta hay más que errores técnicos: decisiones que no terminan de explicarse. Ojalá esto no termine en rayos y centellas.

Simón Gaviria