Por: León Sandoval

Las sociedades postmodernas son más complejas que las sociedades previas, su complejidad radica en aspectos geográficos, demográficos, desarrollo humano, crecimiento económico, justicia, acceso a necesidades insatisfechas, el inagotable catálogo de derechos humanos, la proliferación de manifestaciones individuales y socioculturales, y el exceso de democracia en un espíritu globalizador. La gobernanza cada vez se torna más difícil pese a que la inteligencia artificial se vislumbra como el elemento que permitirá un mayor control sobre la ciudadanía, para unos, y para otros, una forma de dominación despreciable. La escena social actual denota la crisis de autoridad que se vive en las calles de las ciudades, matizada por el derrumbamiento de valores, principios y tradiciones patrióticas al interior de la familia, de los planteles educativos y de las instituciones públicas y privadas; a penas natural de la era de Acuario, dirán algunos.

Se podría analizar la crisis de autoridad desde las teorías contractualistas del Estado, a partir de la obra del inglés Thomas Hobbes (1588-1679), que se erigen como una explicación a la organización social. El contractualismo parte del estado de naturaleza del individuo dominado por las pasiones, el egoísmo, la precariedad y la violencia, que requiere mediante la suscripción de un contrato social de un agente superior que administre el poder de los individuos en aras de mantener el orden y la paz en un marco de convivencia y armonía social. Ese acuerdo entre individuos y Monarca, luego sería sustituido por los ciudadanos y el Estado. El absolutismo contractualista de Hobbes sería superado por pensadores como el liberal inglés John Locke (1632-1704), el soberanista ginebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), los estadounidenses John Rawls (1921-2002) y la teoría de la justicia, Robert Nozick (1938-2002) y el estado mínimo, y James M. Buchanan (1919-2013) con la teoría de la elección pública.

Las teorías contractualistas tienen un sentido lógico: El individuo debe ceder parte de sus libertades para que un ente superior las administre; bajo esta premisa se configura el ideal del Estado de derecho acompañado por el modelo democrático liberal. El contrato social que da origen al Estado permite el desarrollo de sociedades e implica per se el reconocimiento por parte de éstas de la autoridad en cabeza del Estado y sus agentes. Los ciudadanos en virtud de ese pacto social contraen la obligación de acatar la autoridad que la misma ciudadanía delegó en los gobernantes. Autoridad que se respalda y encuentra también sus límites en la Constitución Política y en la ley.

El ausencia de cultura ciudadana constituye una evidencia más del desconocimiento por parte de los ciudadanos de sus deberes surgidos de ese contrato social, y a su vez, consciente acto de desprecio hacia la autoridad y a sus conciudadanos en franca anarquía. Es habitual ver ciudadanos que golpean y retienen a servidores públicos, que intentan por medio del deber funcional hacer cumplir el mandato legal. Anochece para que las autoridades empleen los medios del poder de policía que las leyes le confieren. El uso de la fuerza es una potestad exclusiva del Estado. Los ciudadanos carecen de fuerza legítima, cuando pretenden ejercerla, en su lugar, ejercen violencia.

En las sociedades postmodernas de corte occidental existen más derechos que deberes humanos. Urge que surjan defensores de los deberes humanos. Los defensores de los derechos humanos abundan, aunque pareciera insuficientes, sería bueno equilibrar la balanza, y reconocer que por cada derecho humano hay también uno o más deberes humanos. Lo demás es simple retórica propia de estos tiempos, en los que ser rebelde, revolucionario y contestatario se ve como una virtud y casi una obligación. Resulta importante que padres y maestros encaucen la educación de los más jóvenes sobre las bases del respeto, la disciplina y el orden. El primer paso para una sociedad justa, inclusiva y decente es el respeto a la autoridad.