Una vez más, el Gobierno Petro elige la vía del decreto para cambiar las reglas de juego, esta vez aumentando la retención en la fuente con el Decreto 0572 de 2025. Este cambio, que podría parecer técnico, tiene un impacto de reducir la liquidez financiera, castigar la formalidad y desincentivar la inversión. Preocupa especialmente que se fijen umbrales de retención confiscatorios que signifiquen rentas efectivas de más del 100% de utilidades. Golpea especialmente fuerte la construcción de vivienda, la agricultura y la comercialización de oro. La Corte Constitucional debería declarar su inexequiblidad más temprano que tarde, antes de que empiece a hacer daño.

La retención en la fuente no es un impuesto nuevo, pero sí un mecanismo de recaudo anticipado. Cuando el Estado decide elevar la retención, está forzando a las empresas a prestarle dinero sin intereses. Las empresas pagan por adelantado, sin saber cuánto tendrán que tributar. Este es un crédito forzoso cuando se trata de calibrar por debajo de la utilidad esperada. Cuando se fija un umbral que supera la utilidad del sector, se vuelve inviable la actividad empresarial.

Según datos de la DIAN, en 2024 la retención en la fuente representó cerca del 30% del recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas. Lo que no se dice es que ese recaudo anticipado generó saldos a favor por más de $12 billones: recursos que podrían haberse invertido en nómina, tecnología, o expansión. El Estado se los debe a las empresas, pero puede tardar más de 6 meses en devolverles ese dinero. Ahora, en 2025, el propósito del incremento radical es financiar billones en burocracia innecesaria.

El PIB apenas creció 1,7% en 2024, su quinto peor crecimiento en el siglo XXI. La esperanza de lograr un 2,5% en 2025 depende en parte de recuperar la inversión que colapsó el año pasado a 17,1% del PIB. El consumo está frenado, a mayo de 2025 la inversión extranjera cayó 28,8% anual y la confianza empresarial sigue en mínimos. En ese contexto, se resta liquidez cuando más se necesita, especialmente para las PYMES, que no tienen acceso fácil a financiamiento bancario.

Además, esta decisión contradice el discurso del Gobierno sobre justicia tributaria. No se está cobrando más a los evasores, ni a las multinacionales elusoras, ni se está fortaleciendo la fiscalización. Se está extrayendo más de quienes ya tributan, los que están en el radar de la DIAN. Se castiga al formal mientras el informal sigue fuera del sistema.

Según Fedesarrollo, por cada punto porcentual de aumento en la retención, el efecto sobre el recaudo neto es apenas del 0,2% del PIB, mientras que el costo en términos de liquidez empresarial es de 0,5% del PIB. Es decir, el daño es mayor que el beneficio. Y todo esto se hace sin debate público, sin pasar por el Congreso, sin una evaluación ex ante del impacto económico. Colombia no necesita más improvisación fiscal. Elevar la retención en la fuente no es una reforma estructural, es una señal equivocada. Solo nos queda confiar en la sabiduría de las Altas Cortes.

PS Podría hacer una columna entera sobre mi amigo Miguel, me duele mucho lo que está pasando, necesitamos que la fiscalía cierre el capítulo de violencia al que muchos tememos podamos volver: Cero impunidades. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca.

Simón Gaviria Muñoz