La lucha contra el tráfico ilícito de drogas inició en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientesde la ONU en la que se declaró, entre otros aspectos, la cooperación internacional para la lucha coordinada contra su tráfico ilícito. Posteriormente, en 1971, se decretó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas que plasmó las regulaciones medicinales y se establecieron disposiciones penales para los traficantes. Surgió, en este marco, la idea de que el tráfico de sustancias psicoactivas podía enfrentarse castigando la oferta, pues al aumentar los precios con las incautaciones y persecución a los cultivadores, la demanda disminuiría. Con este argumento surgió en Estados Unidos, hacia 1973, la Drug Enforcement Administration, DEA (en español, Administración para el Control de Drogas) que persigue el tráfico de drogas ilegales y medicamentos sin prescripción médica.
Ha sido lamentable la política antidrogas impulsada por la potencia norteamericana y las repercusiones en el continente. Desde la década del setenta, distintas operaciones desarrolladas por la DEA con apoyo de los gobiernos locales, más allá de reducir el consumo y la comercialización, incrementaron la violencia en países como Bolivia, Perú, Salvador, México, Ecuador y Colombia. Con la amenaza de la “descertificación”, Estados Unidos estableció una clasificación anual de los países en función del respeto de sus obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales antidrogas. Implementó acciones como el “Plan Colombia” que incrementaron la violencia en los campos y militarizaron la sociedad colombiana.
Recientemente han sido variadas las voces disidentes a la estrategia tradicional de la lucha contra las drogas. El año pasado, con la llegada a la presidencia de una nueva administración, se replanteó la política antidrogas en Colombia. Es en este marco que tuvo lugar la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre las Drogas llevada a cabo en Cali entre el 7 y 9 de septiembre. En este espacio, se presentó la Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” la cual tiene 8 ejes de acción: i). ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’, que busca eliminar progresivamente la dependencia de las comunidades y de los territorios a las economías ilícitas relacionadas con drogas; ii) “Cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas” que pretende mitigar los impactos ambientales de la producción ilegal de drogas; iii) “Atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas”, para prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías ilícitas y promover medidas sancionatorias diferenciales; iv) “Consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos” con el diseño de planes para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en especial en niños; v) “Afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico’ que se enfoca en la destrucción de laboratorios, el aumento de la interdicción, el control de insumos y precursores químicos, afectación del lavado de activos y la lucha contra la corrupción; vi) “Regulación justa y responsable” que menciona la regulación de usos terapéuticos, médicos y, en general, lícitos de la planta de coca; vii) “Cambio de narrativas” que tiene que ver con la transformación de los imaginarios sobre las drogas, promoviendo información basada en evidencia, herramientas culturales y artísticas; y viii) “Diplomacia internacional para el cambio” que pretende promover nuevas discusiones globales sobre las drogas, y plantear la revisión del marco jurídico internacional al respecto.
En la clausura del evento, con la participación de delegados de 17 países de la región, se firmó un documento de 10 puntos que establece la necesidad de cambiar el paradigma, reconociendo el fracaso de la lucha contra las drogas y transformando el fenómeno punitivo que tiene la visión prohibicionista; a su vez, señala que el problema se debe enfrentar de manera integral identificando las causas de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia. El documento hace énfasis en la implementación de políticas para reducir la demanda a través de “prevención universal, selectiva e indicada”, en tratamientos para quienes tengan adicciones a las drogas y en la creación de Alianza Latinoamericana Antinarcóticos.
Lo que buscan crear los gobiernos que participaron es una “visión común” y una hoja de ruta que lleve a un nuevo paradigma antidrogas en la Cumbre Internacional de Drogas, en 2025. Sin embargo,
Es acertado el cambio de narrativa de la actual administración de reencaminar la política antidrogas, persiguiendo a los narcotraficantes y no a los campesinos, como otrora sucedía.
Maylor Caicedo
