El porte legítimo de armas letales para la defensa personal, con alcance para la protección de los bienes patrimoniales se enmarca dentro del derecho a la legítima defensa y lo desarrolla. Existe la imperiosa necesidad de la expedición de un acto legislativo que eleve el derecho a portar armas letales a rango constitucional. Lamentablemente, las armas están en manos de la delincuencia y de los grupos ilegales; las que están en manos de las fuerzas constitucionales resultan inocuas para defender la vida y los bienes de los colombianos.  

El porte de armas debería ser un derecho constitucional sujeto al cumplimiento de los principios de legalidad y responsabilidad, quien pretenda portar un arma letal deberá cumplir una serie de requisitos, entre otros, la idoneidad física y psicológica, formación certificada en el uso y manejo de armas letales, una edad mínima superior a la simple mayoría de edad y la suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual con exclusiones, particularmente, cuando la víctima sea el perpetrador del derecho ajeno.

Por arma letal se debe entender todo tipo de instrumento idóneo, debidamente licenciado para el ejercicio de la defensa personal que, mediante su uso permita detener o eliminar a cualquier ente que ponga en riesgo la vida y el patrimonio. Cabrían diferentes modalidades como las de fuego, las cortopunzantes, las nuevas tecnologías y desarrollos. No todo tipo de arma debería estar al alcance de la ciudadanía. Las de largo alcance, las biológicas, los drones, por citar algunas, deben ser monopolio de la Fuerza Pública. Las de corto y mediano alcance sí deberían ser facilitadas a los ciudadanos bajo restricciones y condiciones, no se trata de armar a todo ciudadano.

Aducir que las armas son malas es falaz. El problema no son las armas, sino quiénes las usan. En las manos correctas, las armas garantizan libertad, seguridad, independencia y estado de derecho, sin las armas no hay orden. Son las armas las que respaldan las leyes. La ley por sí sola no se sostiene sin las armas convertidas en fuerza. Desde los últimos treinta años se idealizaron modelos sociales libres de armas, lo que es imposible en sociedades sin respeto por el derecho ajeno. Colombia es un país plagado de bribones sin respeto por el derecho ajeno, como diría el mexicano Benito Juárez (1806-1872), es la paz.

Mientras los criminales portan armas de manera ilegal, el ciudadano de a pie no tiene la posibilidad de portar un arma letal para defenderse. Si la Policía y las Fuerzas Militares fuesen eficientes los niveles de criminalidad serían prácticamente nulos. Mes a mes el delito aumenta, casos horripilantes como el adolescente bumangués de trece años que perdió un riñón, al ser atracado el pasado 25 de mayo por dos sujetos en moto. Con camaritas de seguridad, muchas de adorno, no se reducirá la delincuencia. Como la pena de muerte es inconstitucional y la mal llamada “limpieza social” es ilegal e incomoda, el mejor camino es garantizar a los ciudadanos probos su defensa mediante el derecho al porte legítimo de armas letales.

Medidas como la educación ciudadana, la justicia social y el empleo reducirán la criminalidad, pero no desaparecerán a los miserables que hacen de su oficio el irrespeto por la vida y los bienes ajenos. En un escenario en el que el Estado ha demostrado con suficiencia su incapacidad para proteger a sus ciudadanos y los alcaldes perdieron el pulso frente a la delincuencia, el derecho fundamental al porte legítimo de armas sería una medida que pondría en igualdad de condiciones materiales al ciudadano de bien frente al delincuente, y seguramente, permitirá depurar las calles y las veredas de tanto hampón que edifica sobre el daño a su semejante, para quienes la justicia no opera.

León SandovalFerreira