Macondo se caracterizaba porque allí sucedía lo inconcebible, y eso, es justamente lo que pasa en Colombia; el país donde lo macondiano se entrelaza con la realidad.

La reciente condena de solo siete años para el asesino de Miguel Uribe Turbay no solo es una bofetada a su memoria y a su familia: es también una radiografía alarmante del colapso moral y jurídico del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, que, en mi opinión, debe replantearse de inmediato, de lo contrario, se seguirán utilizando menores para cometer estos delitos.

¿Cómo es posible que un crimen atroz, un magnicidio, cometido con plena intención, reciba una pena tan baja, mientras otros ciudadanos enfrentan castigos mucho más severos por hechos que ni siquiera han sido probados con solidez?

El caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, un colombiano probo que ha entregado lo mejor de sí a este país, hoy podría verse enfrentado a una pena más severa que la de este menor, que con sus acciones arrancó el árbol fresco del jardín de la democracia.

¿Cómo explicar que, para nuestro sistema de justicia, matar a un ser humano resulte menos grave y por ende reprochable que la pena impuesta al presidente Uribe en primera instancia de un proceso cuestionado por la falta de pruebas? La justicia está enviando el peor mensaje posible: que la vida vale poco y que la ley se aplica con criterios ideológicos y políticos, no con objetividad.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue un acto violento y deliberado, que exige una respuesta proporcional, ejemplarizante y justa. En cambio, lo que hemos visto es una condena simbólica, que parece más una invitación a la impunidad que un verdadero acto de justicia. Además, el país y el mundo, esperan conocer quién dio la orden de asesinar a Miguel. 

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Es urgente replantear el sistema de responsabilidad penal para menores en Colombia. No puede ser que, por el solo hecho de no haber cumplido 18 años, una persona que mata, con plena conciencia e intención a otra, sea beneficiaria de privilegios. La edad no puede seguir siendo un escudo ante delitos atroces. Si un joven tiene la capacidad de decidir ejecutar un homicidio, también debe tenerla para asumir las consecuencias de sus actos y enfrentar el peso de la ley.

Por eso, aplaudo la decisión de congresistas del Centro Democrático y de diferentes toldas políticas, de unirse para liderar proyectos de ley que permitan juzgar a adolescentes que cometen este tipo de crímenes, como mayores de edad.

La condena impuesta a este joven produce rabia, vergüenza y al mismo tiempo dolor, pues él destruyó de la forma más cobarde a una familia. La pena que obtuvo y que deberá pagar en un centro de atención especializada es un incentivo a que los grupos criminales continúen utilizando menores de edad para perpetrar crímenes.

Este no es un llamado al castigo por castigo. Es una exigencia de coherencia y respeto por las víctimas, pues la justicia está protegiendo al victimario mientras abandona a las familias. Sin duda, se trata de una justicia fallida.

En Colombia no podemos seguir permitiendo mensajes errados como los del presidente Gustavo Petro, quien con su fracasada “Paz Total”, constantemente privilegia a quienes han cometido delitos. Así lo hizo con el asesino de Miguel tan solo unos días después del atentado cuando dijo que “si no cuidamos los niños de la patria no tendremos patria”. 

Por Miguel Uribe Turbay y por todos los colombianos que creen en la ley como un pilar de la democracia, levantamos la voz. No más impunidad, no más doble moral judicial. Colombia necesita una justicia firme, coherente y verdaderamente justa, es por eso que en el 2026 los electores deben decidir correctamente al acudir a las urnas.

Andrés Barrios Bernal