En Colombia, la corrupción es un tema de todos los días y por eso lo hemos normalizado como sociedad. Sin embargo, este problema que aniquila los sueños de los colombianos, no debe ser olvidado ni menospreciado. Es por esto que como Concejal de Bogotá, no me canso de repetir que los recursos públicos son sagrados y no me detendré en mis denuncias. No pararé hasta que como sociedad comprendamos que la gravedad de las acciones de pocos afecta a miles de personas.

Debemos interiorizar como sociedad que el hecho de que unos pocos llenen sus bolsillos con los recursos de los bogotanos es muy grave y que no podemos seguir permitiéndolo. El rechazo social en contra de estos actos es fundamental y no podemos dejar de expresarlo. Gracias a este rechazo, podemos forjarnos un criterio de cara a las votaciones del próximo 29 de octubre.

Es cierto que a nuestra sociedad le cuesta mucho dimensionar la cantidad de dinero que perdemos con cada acto de corrupción. Es por esta razón que me parece muy ilustrativo el siguiente ejercicio:  

Recordemos el caso de ETB y el de los cementerios en Bogotá. En el primero, ETB perdió 685 millones de pesos en el negocio de móviles entre otras cosas, por la extraordinaria y costosa asesoría que pagó a la consultora Delta Partners, cuyas proyecciones no sólo nunca se materializaron, sino que resultaron en un rotundo fracaso, entre 2013 y 2016.

Delta Partners fue contratada en 2012 por Sergio González, cuando fue vicepresidente, sin cumplir con los requisitos del Manual de Contratación. Además, la Contraloría advirtió que el documento formato solicitud de bienes y servicios dentro de uno de los contratos, se estimó en un precio de COL$858.400.000, el cual no fue soportado en ningún estudio económico (Contraloría de Bogotá, 2016, Informe de Auditoría de Regularidad, Contrato No. 4600011841).

Con esta suma, con 685 millones, en Bogotá se podrían tapar 5 millones de huecos o se podría duplicar el presupuesto de la Universidad Distrital del año pasado y sobraría dinero. Esta cantidad no es despreciable, es una cantidad que significaría enormes cambios para Bogotá.

Y el segundo caso, el de los cementarios, ocurrió por un presunto pago de coimas por $1.500 millones, y el contrato de concesión para la operación de los cementerios distritales tuvo un valor de $41 mil millones (2021-2026). Sin embargo, hoy que se está terminando anticipadamente el contrato debido a los escándalos de corrupción, no está claro cuánta plata se habrá perdido. Esto es muy doloroso porque con el dinero se pueden resolver muchos problemas y se puede hacer feliz a los bogotanos.

Con la suma de $1.500 millones podríamos pagarle los gastos de inversión al Instituto Distrital del patrimonio cultural (IDPC) que equivale a 480 millones de pesos, más los gatos de inversión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que son 507 millones de pesos, o podríamos cancelar los gastos de inversión de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño que suma 1.317  millones de pesos.

Concienticémonos del valor y la importancia que tienen los recursos públicos para cada entidad e institución del Distrito, no sigamos dándole nuestro voto a políticos tradicionales que están del lado de quienes apoyan a personas como Sergio González, ex presidente de la ETB.

Diego Cancino