Comenzando el 2024 los medios de comunicación anunciaron con llamativos titulares que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prohibiría el consumo de drogas en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, transcurrió un año y la medida jamás llegó, pese a que también se había informado a la opinión pública sobre una supuesta conversación amplia entre el Distrito y el Concejo relativa al tema.
Y es que esta discusión tuvo su auge en el país cuando cambiaron las reglas para el consumo de drogas en el espacio público debido a la irresponsable decisión del gobierno de Gustavo Petro que consistió en derogar el decreto que permitía sancionar a portadores y consumidores en lugares prohibidos como parques.
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Bajo ese panorama, y a toda marcha, algunas autoridades locales preocupadas por sus ciudadanos se dieron a la tarea de encontrarle la comba al palo con el fin de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad, la seguridad y convivencia y hasta la salud pública.
En capitales como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se expidieron decretos para establecer perímetros y delimitaciones. A diferencia de estos lugares, donde las medidas se adoptaron a toda marcha, en Bogotá esas zonas seguras y libres de consumo se quedaron en una promesa sin cumplir.
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Pero, transcurridos 12 meses, ¿qué se puede hacer ante la paquidermia distrital en este asunto? Pues el tema no es menor y por eso hay que seguir insistiendo. Para empezar, es importante tener presente que está vigente el decreto 825 de 2019 y es deber de las autoridades cumplirlo. Allí se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas.
En este sentido, y como ciudadanos, debemos saber que tenemos una herramienta que nos blinda. Así las cosas, y en cumplimiento del decreto en mención, tenemos que exigirle a la Administración Distrital que señalice con claridad las zonas restringidas para el consumo de sustancias psicoactivas.
Alrededor de esta solicitud propongo que nos unamos y exijamos su cumplimiento. Es una medida de sentido común que ya aplican en otros lugares. ¿Por qué Bogotá no sigue ese ejemplo? La realidad es incómoda y hay quienes prefieren ignorarla: los parques, plazoletas, entornos escolares y deportivos de la ciudad siguen siendo escenarios de consumo y tráfico. En ese sentido, tenemos una falta de acción y voluntad política.
La señalización no solo serviría como una advertencia visual, sino como una herramienta educativa y preventiva que deje claro dónde está prohibido consumir sustancias psicoactivas y cuáles son las consecuencias legales de hacerlo. Sin embargo, hasta ahora, el Distrito ha ignorado esta necesidad, dejando a las familias y comunidades educativas en una lucha solitaria contra una problemática que debería ser prioritaria. Es una bomba de tiempo.
La presencia de jíbaros en los parques y colegios sigue siendo una amenaza latente que afecta la seguridad y la convivencia en los barrios. ¿Cómo podemos sentirnos seguros si los espacios públicos son tomados por traficantes y consumidores sin que nadie los pueda controlar?
La señalización de zonas libres de consumo de sustancias psicoactivas no debe verse como un gasto innecesario, sino como una inversión en la protección de los derechos de los menores y la promoción de una sana convivencia. Además, es una medida que genera un impacto positivo en la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Pero ojo, no se trata solo de cumplir un decreto, sino de demostrar voluntad política para enfrentar uno de los problemas sociales más graves de nuestra época: el consumo de drogas en menores, que incluso afecta hasta a niños desde los seis años. Bogotá no puede seguir sin señales, sin decreto y sin acción.
