Jaime Acosta Puertas
En las últimas semanas las víctimas venían haciendo su defensa. Habían intervenido el abogado del Senador Iván Cepeda, igualmente los ex fiscales Perdomo y Montealegre, todos con contundencia jurídica e impecable caudal probatorio contra el victimario.
La intervención de Montealegre tomó menos tiempo por discrepancia de procedimiento con la Jueza, lo cual hizo que se hicieran ajustes en la agenda de las audiencias del abogado Miguel Ángel del Río, defensor del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve y de su ex esposa la médica Deyanira Gómez, exiliada por amenazas contra su vida y su familia. Sin embargo, públicamente las partes acordaron las fechas del 16 y del 19 de noviembre para continuar las audiencias. Cuando la última se suspendió se corrió la agenda para el 25 de noviembre.
Sin embargo, esta también fue cancelada y no se volvió a decir nada de nuevas fechas antes de salir a vacaciones de fin de año. Es decir, una perfecta coartada: suspender el proceso, irse de vacaciones y volver a conversar el próximo año. Asqueroso o cuando menos sospechoso. Sin embargo, parece imposible la preclusión solicitada por la Fiscalía, puesto que las Cortes y los jueces han conservado la condición de imputado.
No ha dicho nada la Jueza 28 Penal de Circuito, ni el abogado Del Río, ni los grandes medios, ni analistas y columnistas, menos los abogados del imputado porque necesitan postergar toda acción con el fin de llevar a vencimiento de términos alguno de los delitos.
Uribe tiene miedo a la audiencia con la defensa de Deyanira y Monsalve, porque son los principales testigos que no logró torcer a su favor. ¿Por qué les teme? Por masacres y paramilitarismo.
El proceso con la Jueza 28 se desarrollaba con rigurosidad, transparencia y plenas garantías para las partes. Realizaba una actuación con carácter y solvencia. Entonces, no se entiende la abrupta suspensión de las audiencias, y su silencio. No hay razón para que la Jueza haya suspendido consecutivamente. Tampoco hay justificación para que el abogado Del Río esté callado.
Algo huele mal y muy mal, como si se tratara de un fétido huracán jurídico que contamina, abraza y ahoga el proceso. Suponiendo que la Jueza hubiera sido asignada a otra actividad, no debió aceptarla ni el sistema debió alejarla de este caso. Pero cualquiera sea las circunstancia debió hacer público los motivos por los cuales dilataba las audiencias, porque estas son públicas, y si se cancelan, públicamente se debe dar una explicación. El silencio de Del Río también sorprende
Si la jueza y el defensor han recibido presiones, están obligados a acudir a instancias nacionales e internacionales, denunciarlas y exponerlas a la ciudadanía.
Con silencio y dilaciones, el caso entró en un pantano, en terreno de dudas y nuevas violaciones al proceso, porque lo tienen neutralizado. Las presiones de la defensa del imputado deben ser todas las imaginadas, recurriendo al arsenal de manipulaciones y trampas que la ley 906 permite. Una ley a la medida de bandidos y criminales.
Hay un mensaje del Senador Cepeda, enviado por twitter esta semana: “A Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel”.
Uribe, por razones electorales y cobardía personal, quiere dilatar su juicio y condena, mientras tanto sigue socavando las instituciones hacia el destino fatal del narcotráfico, paramilitarismo, neofascismo, violencia contra campesinos, líderes sociales y mujeres, y la corrupción irrigada en la sociedad.
Uribe debió irse de la vida pública el 7 de agosto de 2010, para ir a los tribunales a decir la verdad de todas las barbaries cometidas como determinador. Es su obligación como ex-presidente de la república.
Su demencia avanza, se ha inventado el “neocomunismo” algo delirante en un planeta escriturado capitalista desde antes y después de Cristo, como lo muestra Irene Vallejo en su hermosa obra “El infinito del junco”. En su desespero Uribe también escribe cartas a la ONU diciendo que no hubo acuerdo de paz. Al final, el imputado destruye la nación. Solo la justicia puede salvarla de este ómicron.
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“No hay ninguna sorpresa esto se veía venir, nunca hubo un ánimo claro de la Contraloría de escuchar de atender. Las pruebas cuando las pedimos no las decretaron, es un proceso plagado de irregularidades, así que no hay ninguna sorpresa en este fallo”, afirmó María Eugenia Ramos, Directora de Planeación en la Gobernación de Sergio Fajardo.
