Desde la UTIPEC, mantenemos nuestro compromiso de no obstrucción y de respeto a los derechos de todos. Hoy, más que nunca, sentimos la profunda preocupación que embarga al sector transportador colombiano ante la inflexible decisión gubernamental de incrementar el precio del ACPM.
Contrario a las afirmaciones del Ministerio de Hacienda, este aumento, que afecta un costo esencial en todas las actividades productivas del país, tendrá repercusiones inflacionarias, socavará la competitividad de la producción nacional y reducirá la demanda de transporte de carga. Este escenario pone en peligro la supervivencia de numerosos pequeños y medianos transportadores en Colombia.
Aunque es posible debatir sobre la pertinencia de los subsidios en este combustible, lo cierto es que el principal objetivo del gobierno no parece ser la estabilidad económica. En cambio, su interés radica en aumentar la capacidad de recaudo, financiando iniciativas mal gestionadas, muchas de ellas marcadas por escándalos de corrupción que el país ya conoce bien.
Está claro que esta medida no tiene un propósito social, sino que busca asfixiar al sector privado, un sector que genera riqueza, empleo, y sostenibilidad en el tiempo. Es una maniobra recurrente en los regímenes socialistas del siglo XXI, que han llevado a la pobreza a varias naciones vecinas.
Por todas estas razones, los trabajadores de la industria petrolera colombiana expresamos nuestra solidaridad con el legítimo reclamo de los empresarios y trabajadores del sector transportador. Nos unimos a su voz, haciendo un llamado a la sociedad a no caer en la trampa del divisionismo ni en la lucha de clases que el gobierno pretende imponer, simplificando el debate al señalar esta causa como exclusiva de un sector privilegiado.
Al mismo tiempo, instamos a los líderes transportadores a que sus protestas legítimas se desarrollen con un respeto absoluto por los derechos de todos los colombianos, evitando convertirse en herramientas que sirvan a los propósitos del gobierno de profundizar las divisiones internas y desencadenar efectos irreversibles en nuestra economía.
En cualquier caso, es claro que el único responsable de las consecuencias adversas que podamos enfrentar como sociedad es el propio gobierno, que parece decidido a agravar la situación hora tras hora.
