La segunda universidad pública más importante de Colombia está en una crisis financiera estructural. Desde su promulgación, la Ley 30 no cuenta el crecimiento de las universidades en aspectos como la cobertura, la infraestructura, los nuevos programas de pregrado y posgrado, la planta docente, entre otros. Eso genera que los recursos que reciben cada vez alcancen a cubrir una porción menor de los gastos.
Recientemente el Ministro de Educación se reunió con el estudiantado para pensar salidas a esta crisis. La propuesta es que el departamento y el distrito asuman un aporte mayor a la Universidad, dada la cobertura que esta asume con el departamento (seis mil estudiantes matriculados en regiones que no pagan matrícula) y con el distrito (el 70% de los estudiantes son de la ciudad).
El déficit calculado para este 2024 es de $76.884 millones. Preocupa que entre 2013 y 2023 la U de A se endeudó por más de $128.653 millones, y casi el 96% fueron deudas adquiridas en 2022 y 2023. La U de A se encuentra en un circulo vicioso de endeudarse para apagar incendios sin resultado alguno, veamos:
“El recorte presupuestal para actividades docentes que se venía planteando, podría ser del 17%, según la Vicerrectoría Académica, lo que equivale a 253.149 horas cátedra y generaría un ahorro de gasto a la universidad de $19540 millones. Sin embargo, desde el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, plantean que ese mismo monto ($19.091 millones), es la cifra que destina la universidad para los intereses anuales de las deudas que contrajo con diferentes bancos” (El Colombiano).
Una universidad que genera cobertura educativa para el departamento y el distrito
A la desfinanciación estructural que padece la U de A se le suma un proceso de estigmatización contra profesores y liderazgos del movimiento estudiantil, que permanentemente son señalados como actores “infiltrados” de estructuras guerrilleras como FARC y ELN. Y a esto, a su vez, se le suma una disminución significativa de los contratos que la Gobernación y la Alcaldía tenían con la universidad, disminuyendo los ingresos propios generados con servicios de extensión, investigación y producción de conocimiento.
En la actualidad, la U. de A. cuenta con cinco seccionales y siete sedes en regiones, aparte de las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá. “Probablemente nosotros hemos casi que duplicado el número de estudiantes en los últimos 10 años. Tenemos cerca de siete mil estudiantes en regiones que hace 15 años no teníamos”, explica Javier Mesa, Vicerrector Administrativo de la U de A.
La explicación más clara de esta reducción de recursos es el aumento en la cobertura de los últimos años, pues más estudiantes han podido acceder a la educación superior. Uno de los ejes más importantes de ese crecimiento es el Programa de Regionalización que a partir de 1990 empezó a descentralizar la educación universitaria en el departamento.
En 2022 el déficit acumulado por los recursos que recibe la Universidad de Antioquia por la Ley 30 supera los 302 mil millones de pesos. Hace 10 años, en 2012, ese déficit era de 4746 millones. Es decir que en una década se multiplicó casi por 64. En la actualidad cerca del 44 % son cubiertos por los fondos generales, mientras el restante 56 % sale de los recursos propios de la institución.
En la actualidad la Universidad recibe cerca de 365.000 pesos semestrales por estudiante. “Pero el costo de formar a ese estudiante es de 10.223.500”, afirma el vicerrector administrativo.
A lo anterior se suman las limitaciones en los aportes del departamento y la nula destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. Aunque buena parte de los recursos que destina la Gobernación de Antioquia solo cubren el 4 % de los gastos de la U. de A. Adicionalmente, más del 70 % de los estudiantes matriculados residen en Medellín, pero la universidad no recibe del distrito un solo peso.
Insistimos: se debe hacer un pacto por la defensa de la U de A como un patrimonio de Antioquia y de la Nación, y allí los gobiernos locales pueden jugar un papel determinante, pues la nación carga con la responsabilidad de 34 universidades públicas en todo el país.
