Es una enorme irresponsabilidad. Echarle más leña al fuego de una polarización política acechada por serios riesgos de una grave afectación a nuestra estabilidad institucional es una actitud francamente reprochable. A los dirigentes políticos no se les puede admitir un comportamiento cargado de odio comparable al de cualquiera de los energúmenos que bloquearon el parqueadero del Palacio de Justicia el jueves pasado. En estos tiempos de turbulencia lo aconsejable es la moderación y el sentido democrático.

Esta crispación política ha corrido por cuenta sobre todo de una prematura precandidatura presidencial del saliente Fiscal Francisco Barbosa. El hasta ahora jefe del ente investigador, no ha ahorrado esfuerzo alguno para abusar de su cargo como opositor político y dar rienda suelta a sus pretensiones electorales, con un lenguaje tan destemplado y grotesco contra el Presidente Petro como el utilizado por el Expresidente Cesar Gaviria. Es el mismo fiscal encubridor de la Ñeñe política de Duque, que ante la imposibilidad de demostrar en las conductas de Nicolás Petro actos que comprometan la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, precipita un allanamiento a Fecode para fabricar una acusación y un juicio político contra el Presidente. Y como si fuera poco, es el mismo Fiscal que ahora pretende mantener su control de la Fiscalía a través de su cuestionada Vice fiscal Marta Mancera. No sorprende para nada el ensordecedor silencio de Uribe y Duque, jefes políticos de Barbosa y de su compañera de causa la Procuradora Margarita Cabello, ante semejante socavamiento de la legitimidad de la justicia y del órgano de control disciplinario.

Con todo el respeto que reclama y merece la Corte Suprema de Justicia en su autonomía para la elección de la nueva fiscal general, es inocultable la inmensa responsabilidad política e institucional que le corresponde asumir en esta coyuntura. Sin que ello se interprete como una presión indebida, el alto tribunal debe entender que dilatar inexplicablemente la elección de la fiscal de una terna de altas calidades y demostrada independencia, aumenta el volumen de la confrontación política. Y tiene el efecto práctico de dejar la Fiscalía en manos de personas tan cuestionadas como la Vice fiscal Mancera y el fiscal Gabriel Jaimes. Una dilación que en ningún caso justifica conductas agresivas contra magistrados y trabajadores del Palacio de Justicia en Bogotá, único caso de alteración del orden público en la jornada de movilización ciudadana del pasado 8 de febrero, rápidamente neutralizado por orden presidencial a la fuerza pública.

Al Presidente de la Republica le corresponde asumir el principal liderazgo en la superación de la actual tensión política. La estabilidad institucional es una tradición democrática que debemos preservar y que no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia. Estabilidad que es un imperativo para la realización de la agenda de cambio del gobierno y del cumplimiento eficaz del Plan Nacional de Desarrollo en un año que es crucial en la transformación del país. Presidente Petro: con su liderazgo el país puede calmar los ánimos y moderar el debate público en el marco de su convocatoria a un Acuerdo Nacional. Usted podría convocar de inmediato en Palacio una Cumbre de los poderes públicos, con presencia de los presidentes de las altas cortes, la Procuradora, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y los Presidentes de Senado y Cámara, que permita construir un consenso alrededor de una ruta de salida institucional al impasse que afrontamos. La Conferencia Episcopal, la OEA y Naciones Unidas podrían acompañar esta convocatoria y proceso.

Presidente: su liderazgo e iniciativa son imprescindibles para unir al país y neutralizar el fuego de quienes quieren incendiarlo y sabotear los cambios por los que votamos las mayorías. Usted tiene la capacidad y el imperativo de convertir la estabilidad y el Estado de Derecho en la causa de las ciudadanías de la Colombia de hoy.  

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